Abascal sobre el triunfo de Vox en el Supremo con la Ley de Nietos: «Ahora les será más difícil robar las elecciones»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el freno judicial a la Ley de Nietos y lo ha presentado como un éxito de su partido. Lo ha hecho en una entrevista exclusiva con OKDIARIO, grabada en el ferry de regreso de Ceuta, donde ha pasado el 12 de octubre en lugar de acudir al desfile del Día Nacional.

«Nos sentimos muy tranquilos por el hecho de que sea más difícil robar las elecciones», ha afirmado Abascal, que ha destacado que «los tribunales españoles le digan al Gobierno que no se puede fabricar votantes de manera ilegítima y de manera ilegal, que es en lo que estaba Sánchez». Y ha añadido: “Le hemos pillado con las manos en la masa».

El líder de Vox ha defendido que su partido «ha ofrecido un gran triunfo a la sociedad española en su conjunto» y ha rechazado el argumento del presidente del Gobierno, al que acusa de mentir al decir que Vox no quiere que 400.000 españoles voten. «No queremos que Sánchez regale la nacionalidad española a gente que no sabemos si se siente española, si está conectada a España», ha respondido.

Según Abascal, el objetivo de Sánchez sería que «millones y millones desde Hispanoamérica puedan votar con la ayuda de funcionarios cubanos, venezolanos o de cualquier otra mafia de las que son aliadas de Sánchez en esos países». Y ha concluido: «Gracias a Dios lo hemos parado y nos sentimos muy satisfechos».

El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto de los extranjeros nacionalizados españoles por la ley de nietos que no hayan acreditado que sus ascendientes se exiliaron de España por motivos políticos durante el franquismo, tal como exige la Ley de Memoria Democrática.

Tras un fin de semana habilitado por los jueces para resolver la cuestión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado las medidas cautelares que acordó el pasado 10 de septiembre. Entonces ya apreció un «peligro fundado, real y serio» de «alteración del censo electoral», por las miles de inscripciones en el censo de españoles residentes en el extranjero que podrían ser ilegales.