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Policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y locales, bomberos, seguridad privada, policías portuarias, vigilancia aduanera, entre otros, y sociedad civil han protagonizado este sábado una monumental protesta contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras.
Los manifestantes han recorrido el eje que separa la Puerta del Sol de Madrid y la Plaza de Colón, en las inmediaciones del Ministerio del Interior, para denunciar que la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que pretenden los socialcomunistas y sus aliados de la mayoría Frankenstein no sólo desprotege a los agentes sino también al resto de ciudadanos. De ahí el lema de la marcha: «No a esta reforma, no a la inseguridad ciudadana, afecta a todos». «No es por nosotros, es por nuestro país», han remarcado los agentes. La organización ha cifrado en 150.000 los asistentes, mientras que la Delegación del Gobierno ha rebajado el número a 20.000.
Durante la movilización, donde los congregados han portado banderas de España, enseñas regionales y de las propias organizaciones sindicales, se han escuchado pitos, sirenas y gritos de «¡Sánchez, dimisión!» y «¡Marlaska, dimisión!», entre otros. Al inicio de la misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han realizado declaraciones a la prensa denunciando esta «criminalización» de los agentes. Y a su conclusión, ha hecho lo propio el jefe de la oposición, Pablo Casado, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Al final del recorrido se ha dado lectura a un manifiesto por parte del periodista Albert Castillón con el que los agentes han remarcado que ellos sólo «quien servir a la sociedad, no que se sirvan de ellos para hacer política», en un claro mensaje al Ejecutivo de Sánchez y sus socios. De esta manera, han pedido que dicha reforma no salga adelante para que «los violentos no tomen el control de las calles».
Además, han insistido en que «está en peligro el respeto a los derechos de todos» y han anunciado una «campaña ciudadana» para advertir a los españoles del «profundo error» que supone «aceptar sin más» esta reforma.
Más de 40 organizaciones
La marcha se ha celebrado a iniciativa de la plataforma convocante Jusapol y «en unión al resto de sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España», según ha destacado. De este modo, más de 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han dado apoyo expreso a esta manifestación.
También ha sido respaldada por organizaciones policiales representativas del País Vasco y de Navarra, como el SIPE de la Ertzaintza, cuyos miembros han cargado contra el Ejecutivo vasco, o la Agrupación de Policía Foral. El pasado miércoles, las agrupaciones ErNE, EUSPEL y SVPE-PLES protestaron por dicha reforma ante las delegaciones del Gobierno en el País Vasco. Por parte de los Mossos d’Esquadra, se ha sumado a la convocatoria la asociación ‘Policías Autonómicos por la Pasarela’, que representa a los agentes que reclaman el paso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según recoge Ep.
Además, los convocantes han puesto de relieve que cuentan con el apoyo de una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como otros sindicatos como CSIF, que la semana pasada anunció que «miles de policías locales de toda España» acudirían a la marcha de este sábado. Toda estas entidades conforman la plataforma ‘No a la España insegura’ que responsabiliza de las consecuencias de la nueva ley a Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Indefensión
La reciente presentación de enmiendas de los partidos del Gobierno (PSOE-Podemos) a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una proposición de ley impulsada por el PNV contra lo que califican como «ley mordaza» del Gobierno del PP, ha terminado de indignar a los agentes en tanto se confirma la indefensión a la que van a ser sometidos, con perjuicio también para los ciudadanos.
Por ejemplo, se relaja la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional y se «elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad».
Otro punto polémico es la posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas, ya que ello merma gravemente su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos que se convoquen de manera simultánea, por ejemplo, en una misma ciudad. Y lo mismo ocurre, critican, con la «inoperatividad» que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas.
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