El Tribunal de Cuentas de la UE alerta a Bruselas: la nueva PAC crea incertidumbre y desigualdades

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 09/02/2026 17:58
  • Actualizado: 09/02/2026 17:58

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA, por sus siglas en inglés) ha alertado este lunes a Bruselas sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que pretende hacer. Esta medida, entre otras cuestiones, implica un recorte de un 20% para España. Teniendo en cuenta particularidades como esta, ECA ha determinado que lo que tiene en mente la Comisión Europea puede generar incertidumbre y desigualdades en territorio comunitario.

Así, el tribunal considera que esta reforma de las autoridades comunitarias puede incrementar la incertidumbre sobre la financiación disponible, generar retrasos en la puesta en marcha de las ayudas y provocar diferencias en su aplicación entre países si no se clarifican mejor las reglas del nuevo modelo basado en un fondo común y planes nacionales.

Los auditores han lanzado estas alertas a Bruselas en el dictamen sobre la reforma de la PAC para 2028-2034, en el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión. En él, el Ejecutivo comunitario ha propuesto reorganizar el gasto a través de crear un Fondo Europeo único que agruparía distintas políticas (entre ellas la agrícola) bajo un único plan por Estado miembro.

No obstante, la realidad es que este planteamiento implica, en la práctica, que la PAC dejaría de contar con un fondo agrícola específico, por lo que se abandonaría su estructura tradicional de dos pilares. Esto puede causar que su gestión sea más compleja, así como retrasar la puesta en marcha de las ayudas si no se definen con suficiente claridad las normas y los procedimientos.

Una de las cuestiones que causan más problemas y preocupación es que el importe global de la financiación solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales. ECA sostiene que esto genera incertidumbre para los beneficiarios y dificulta la comparación entre el marco financiero vigente y el que se aplicará a partir de 2028.

A lo anterior hay que añadir la insuficiente precisión sobre el sistema de pagos, pues, según el Tribunal de Cuentas, el texto no delimita con claridad qué intervenciones se vincularán a productos y cuáles a hitos y objetivos, un diseño que puede dar lugar a diferencias entre Estados y complicar el seguimiento del gasto.

La nueva PAC de Bruselas

En este contexto, los auditores de la UE recalcan que la rendición de cuentas debe preservarse en todos los casos y subrayan que la trazabilidad desde las cuentas de la UE hasta los beneficiarios finales, como los agricultores, es una condición «innegociable» para poder ejercer su función de control.

El dictamen advierte asimismo de que los mecanismos de planificación y adopción previstos, junto con una arquitectura jurídica más compleja derivada de la integración de la PAC en un fondo común, pueden provocar retrasos en la entrega de los fondos y reducir la previsibilidad para los perceptores, lo que podría acabar desvirtuando el objetivo de simplificación anunciado por la Comisión.

Por otro lado, aunque el Tribunal reconoce que la propuesta mantiene un conjunto común de intervenciones para todos los países de la UE, alerta de que la mayor flexibilidad concedida para diseñar los planes nacionales puede dar lugar a divergencias significativas en la aplicación de las medidas, con el consiguiente riesgo de generar condiciones de competencia desiguales e impactos negativos sobre el funcionamiento del mercado interior.

Para limitar ese riesgo, los auditores consideran imprescindible que el Ejecutivo comunitario ejerza de forma efectiva su función directiva reforzada y que la legislación precise con mayor claridad el alcance y los criterios de sus recomendaciones a los Estados de la Unión, a fin de garantizar que los planes nacionales se ajusten de manera coherente a los objetivos comunes de la PAC.