Los técnicos de Hacienda piden blindar a los confidentes fiscales y menos injerencias políticas

A diferencia de lo que ocurre en otros países –como por ejemplo Estados Unidos en el que aquél que denuncia una estafa fiscal permanece en el anonimato y encima es premiado por el Gobierno– aquí en España no sólo no le dan nada sino que encima se juega el bigote. Por este motivo, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha pide mayor protección para los que dan este importante paso en la lucha contra la delincuencia fiscal.

Gestha conforma el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria española integrándolo profesionales de este ámbito incluidos los Inspectores de Hacienda. En la actualidad, los técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB.

Por todo ello, Gestha ha propuesto blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales. Sin embargo, descartan la propuesta que este mismo jueves realizaban los Inspectores de Hacienda sobre la posibilidad de pagar los chivatazos con fondos reservados, pues puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos.

En este sentido, Gestha señala que la ley debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios, lo que es muy distinto a pagar unas cantidades indeterminadas por la denuncia a la que está obligado en España cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo.

En lugar de poner el foco en los confidentes, los técnicos de Hacienda demandan una Administración Pública más transparente para que los chivatazos no guíen las investigaciones fiscales, sino que sea la Agencia la que detecte estos casos con sus propios medios. Pagar por sustituir la acción de la AEAT no es correcto, ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea en relación a la protección jurídica de los confidentes.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «una administración tributaria moderna no puede ser reactiva y esperar a que lleguen informaciones confidenciales sobre casos de fraude, como los de las cuentas opacas del HSBC en Suiza, las multinacionales del Lux-Leaks, los papeles de Panamá o Fútbol Leaks. Llevar la iniciativa pasa por poner en marcha un plan de lucha contra el fraude eficaz que cambie los objetivos y la estructura de la Administración Tributaria actual, desplazando la investigación de particulares, microempresarios y pymes hacia los grupos empresariales, multinacionales y personas con altos ingresos y grandes fortunas».

Para ello, Gestha pides aumentar las competencias investigadoras y recaudatorias a los técnicos de Hacienda.

La caída de los resultados registrados por la AEAT en la lucha contra el fraude en 2016, al igual que sucedió en 2013, muestran la «poca eficacia» con que este organismo viene actuando en esta última década, en la que el número de denuncias por delitos fiscales se ha reducido a la mitad, pasando de 793 en 2005 a 341 en 2015.

Aunque hay otras fuentes que afirman que esto se debe también a que el número de fraude ha disminuido al mejorarse la situación económica de España.

Gestha atribuye este desplome de los delitos fiscales descubiertos a la decisión de la dirección de la AEAT de ordenar investigaciones parciales y rápidas, y a que las normas internas impiden a los técnicos de la AEAT continuar investigando los expedientes en el momento en que el fraude descubierto supera los 120.000 euros, delimitador del delito, al calificar estas investigaciones como «una causa sobrevenida de especial dificultad».

Una calificación a partir de la cual las investigaciones pasan a manos de los jefes de equipo, quienes al desconocer los expedientes suelen demorar los plazos de resolución, frenando bruscamente el número de denuncias.
En este sentido, los técnicos recomiendan que los organismos públicos no se encuentren tan jerarquizados, de modo que el poder de decisión esté repartido y compartido por más funcionarios para que sean menos permeables a las injerencias políticas o económicas. Y es que los técnicos, pese a suponer actualmente el principal colectivo de la AEAT, de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Hacienda, tienen las manos atadas contra el fraude por normas internas que acaban por perjudicar al erario público.