La Seguridad Social registrará un déficit del 0,4% del PIB en 2022 y lo ampliará al 0,7% en 2023

La Seguridad Social cerrará 2022 con un déficit de 4.900 millones de euros, el equivalente al 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo de lo previsto por el Gobierno, según Fedea. Asimismo, tras analizar las cuentas del sistema para 2023, este experto sitúa el déficit de la Seguridad Social para el próximo ejercicio en el 0,7% del PIB, dos décimas por encima de lo proyectado por el Gobierno.

Según un análisis de Miguel Ángel García, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Funcas) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, este porcentaje se elevaría hasta el 0,9% del PIB, explica García, si se deducen los ingresos extraordinarios que se esperan obtener a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), «que en puridad deben inyectarse en el Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032», apunta. «De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 1,4 puntos del PIB (19.888 millones de euros)», subraya este experto.

Es más, García subraya que sin tener en cuenta esta «cuestionable» transferencia, el déficit de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2,4% del PIB en 2023, «explicando el 72% del déficit de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y algo más del 60% de la previsión oficial de déficit de todas las administraciones públicas en el próximo año».

«Conocido el contenido del presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años», argumenta.

Para García, resulta «preocupante» que las cuentas de la Seguridad Social recojan el creciente recurso a las transferencias del Estado «para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado». Estas transferencias, que ascendien ya al 1,4% del PIB, tienen, a su juicio, el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, «ofreciendo así una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones».