El sector público viola impunemente la Ley de Morosidad: tarda 71 días en pagar a los autónomos

La Administraciones Públicas españolas violan la normativa que les obliga a abonar sus facturas a las empresas en un plazo no superior a los 30 días y, además, lo hacen de forma impune. En el caso de los autónomos, que son un colectivo que tiene una mayor necesidad de liquidez por la menor capacidad para obtener líneas de financiación bancarias, el periodo medio de pago alcanza los 71 días.

Así lo revela un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que pone de manifiesto que el 80% de las Administraciones Públicas españolas no cumple la Ley de Morosidad. Los ayuntamientos tardan de media 88 días en hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores por cuenta propia, los organismos estatales 68 días y las comunidades autónomas pagan sus facturas con un retraso medio de 54 días.

El estudio indica que es precisamente la Administración Central la que ha incrementado más los plazos, al experimentar un aumento de 25 días respecto a los datos del cierre del pasado año. Y todo ello a pesar de que se trata de que es la administración que menos servicios presa a los autónomos y, lo más preocupante, que es la que ha impulsado la creación de la Ley que incumple.

En cuanto a las comunidades autónomas, hay cuatro gobiernos regionales que han aumentado los periodos medios de pago a los trabajadores por cuenta propia. El caso más destacable es el del País Vasco, que al cierre de 2016 cumplía la normativa registrando un plazo de 30 días y que ahora paga sus facturas con un retraso de 49 días.

“La Rioja también ha pasado de hacer frente a las facturas emitidas por autónomos de los 63 días en 2016 a los 82 en el primer semestre del año, y la Comunidad de Madrid y Galicia, con un crecimiento de 9 días, de media, en la Comunidad de Madrid (de 73 a 82 días) y de 5 en el caso de Galicia, donde los proveedores tienen que esperar, de media, 64 días, para el cobro de sus facturas”, señala el estudio.

Por su parte, los mayores descensos en periodos medios de pago de las administraciones autonómicas los han registrado Murcia (de 67 días), la Comunidad Valenciana (40 días) e Islas Baleares (28 días).

En cuanto a los municipios, el estudio de ATA pone el foco en aquellos que tienen más de 45.000 habitantes y hace referencia a Jaén y Gandía, que son las localidades que más violan la Ley de Morosidad, al tardar 473 y 475 días, respectivamente en abonar sus facturas a los autónomos.

Es decir, que un trabajador por cuenta propia que realiza un trabajo para uno de estos dos ayuntamientos cobrará, de media, casi 16 meses después de presentar la factura. No es el único caso sangrante, ya que 385 días de media esperan los proveedores en Algeciras, y casi un año los de Parla (352 días) y Telde (319 días).

Por el contrario, también hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de tres semanas. Así, la administración local de Fuengirola es la que antes paga a sus proveedores, al hacerlo en 9 días de media, seguida del ayuntamiento de Vigo (19 días), Cáceres y Málaga, ambas con 22 días, de media y 24 días en Segovia, Hospitalet de Llobregat y Badajoz.

“Aquí hay que destacar el esfuerzo hecho este primer semestre por el ayuntamiento del municipio madrileño de Alcorcón, que si bien llevaba unos años situándose como el peor pagador, ha pasado de abonar a sus proveedores de 449 días, de media, a 251 días, que si bien sigue siendo un registro que no se debería permitir, es de valorar la reducción en más de seis meses del tiempo de espera para cobrar las facturas”, indica ATA.

El consejo insular de Ibiza es el que antes paga

El informe sobre la Morosidad pública se fija también en los tiempos de demora de las diputaciones provinciales con los autónomos. En el primer semestre de 2017, el consejo insular de Ibiza (11 días), junto con las diputaciones de Zamora y Salamanca (20 días), de Córdoba (21 días) y el cabildo Insular de la Gomera (21 días), las que menos tiempo hacen esperar a sus proveedores, cumpliendo la Ley de Morosidad con holgura al pagar en menos de tres semanas.

Por el contrario, la diputación provincial de Burgos se erige como la peor pagadora, al tardar de media 95 días en hacer frente a las facturas de sus proveedores, seguida del cabildo insular de El Hierro (78 días), el de Tenerife (77 días, de media) y la diputación provincial de A Coruña, que el primer semestre del año ha pagado en una media de 70 días, alejadas de los 30 que establece la Ley de Morosidad.