El PNV pone precio al apoyo a Rajoy: un ‘regalo fiscal’ de 1.400 millones y reformar el cupo vasco

El PNV ha puesto precio al apoyo al candidato del PP a la Presidencia al Gobierno, Mariano Rajoy. Los nacionalistas vascos sólo respaldarán al actual jefe del Ejecutivo en funciones en el debate de investidura si accede a transferir 1.400 millones de euros del arca estatal a las cuentas de la comunidad autónoma que preside Íñigo Urkullu, cantidad que reclama en concepto de deuda con la Hacienda vasca por lo que consideran el cobro indebido del cupo vasco (que es como se denomina el Concierto Económico del que disfruta esta región española). Además, el PNV ha exigido al PP que, si logra formar Gobierno, deberá modificar la normativa que regula este privilegio económico, que en la actualidad es una ley quinquenal, para aumentar la capacidad financiera del País Vasco.

Según ha podido saber OKDIARIO, esta reclamación es similar a la propuesta al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en las negociaciones previas a la repetición de las elecciones. Además de esta exigencia económica, la formación nacionalista ha puesto sobre la mesa la política de dispersión de presos de ETA, solicitando una “flexibilización de la política penitenciaria”. No obstante, las fuentes consultadas indican que lo que verdaderamente le importa a Urkullu es aprovechar la situación de inestabilidad política para aumentar los ingresos de su gobierno regional.

El importe concreto de los 1.400 millones de euros es la cantidad que el PNV considera que el Estado debe a la comunidad autónoma vasca por el diferente criterio a la hora de calcular el cupo vasco. Ahora comenzará un duro proceso en el que los responsables del PP y los de la formación nacionalista tendrán que llegar a un acuerdo sobre la forma en la que se establecerá el porcentaje de fondos públicos que debe transferir el Estado a la caja vasca para financiar las competencias que tiene en exclusiva, entre las que destaca la educativa.

El Concierto Económico fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa en un trabajo académico sobre el cupo publicado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), titulado El Pufo Vasco, el mecanismo “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante los cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose con la llegada de la Transición y refrendada en 2002.

El régimen fiscal vasco implica que las diputaciones recaudan todos los impuestos y las entregan al Gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda española. A cambio de este privilegio, el País Vasco paga una especie de canon (el cupo) por el coste que tienen los servicios derivados de las competencias estatales, tales como la Defensa, la representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos de Mikel Buesa, el desfase anual es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria sitúa en los 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente eleva a 4.500 millones. La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para poder formar gobierno en varios momentos de la joven democracia española.

Este régimen fiscal privilegiado está protegido en la Constitución, en cuya disposición adicional se señala que España “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, lo que incluye también a Navarra, que disfruta de un modelo fiscal similar al vasco.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección social se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal, los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones, ya que el déficit es de 1.753 millones de euros. La factura de las pensiones es de 7.600 millones de euros (con datos de cierre de 2014) y los ingresos por cotizaciones sociales son de 5.847 millones.