Los planes individuales dejarán de ser el complemento idóneo de la pensión de jubilación

La jubilación vuelve a ocupar un primer puesto entre las preocupaciones de los españoles que se acercan a la edad de lo que hasta se consideraba el ‘retiro dorado’. Principalmente, para aquellos que tienen un plan de ahorro privado para complementar la pensión pública.

La aprobación de los Presupuestos Generales para 2022 se tramita estos días en el Congreso y encierra un duro golpe para los ocho millones de personas que, año a año, aportan sus ahorros a planes de pensiones individuales, alentados por las desgravaciones en el IRPF.

No es el primer disgusto para los partícipes de planes individuales. En 2021, el límite fiscal a la deducción por aportaciones realizadas a planes de pensiones individuales bajó a 2.000 euros anuales, frente a los 8.000 euros anuales fijados en 2020.

Para 2022, el Gobierno trae una nueva rebaja que limita las aportaciones a planes individuales y otros productos de ahorro finalista (como los PPA o PIAS), a tan solo 1.500 euros anuales o el 30% de la base imponible. El límite se aplica tanto a lo que el contribuyente puede aportar como a lo que se podrá deducir en la declaración del IRPF. Es una mala noticia, sin duda, para los partícipes que tuvieron la previsión de ahorrar para la jubilación.

El año pasado, desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, ya advertimos de las graves consecuencias que traería desincentivar las facilidades fiscales al ahorro vía planes de pensiones, el instrumento preferido por los españoles para completar la pensión pública de jubilación.

Y sin ánimo de ser alarmista, es posible que este producto entre en una dinámica de desaceleración de difícil recuperación. En 2020, cuando se anunció la rebaja fiscal, el sector pidió, sin éxito, al Gobierno que elevase a 5.000 euros anuales el límite de aportaciones a planes de pensiones.

Hoy podemos apreciar que las consecuencias de esta rebaja ya son palpables. Las aportaciones a planes individuales realizadas en lo que va de 2021 han caído un 22% frente al mismo periodo de 2020.

Los recortes fiscales aplicados han desincentivado un volumen aportado a planes individuales de 450 millones de euros. A 15 de septiembre, los gestores de fondos pensiones individuales han captado 1.578 millones de euros, frente a los 2.028 millones aportados en el mismo periodo de 2020.

Si tenemos en cuenta que el grueso de las aportaciones se realiza en los dos últimos meses del año, podemos estimar que el descenso anual será del 32%. Y es una pena, ya que la industria de planes individuales, además de beneficiarse de la bonanza tributaria, ha conseguido muy buenos resultados en la rentabilidad. Según datos de Inverco, en septiembre pasado alcanzaron una rentabilidad, financiero fiscal, anual media superior al 10%.

Con esta drástica medida en el anteproyecto de Presupuestos General, el Ejecutivo pretende fomentar el ahorro finalista para la jubilación a través de los planes colectivos de empleo, prácticamente inexistentes entre las pymes y autónomos españoles, ya que es el empleador el que promueve el plan para sus empleados.

Además, los planes de empleo están sujetos al ámbito de la negociación del convenio colectivo entre empresa y representantes sindicales.

Desde el sector asegurador vemos difícil que, con las medidas incluidas en el anteproyecto de Presupuestos Generales, la estimulación de los planes de empresa tome el relevo a los planes de pensiones individuales y garantice una continuidad de la situación actual de quienes ahorran para completar la pensión pública de jubilación.

Planes de empleo vs planes individuales

Para incentivar los planes de empleo, el Gobierno negocia con los agentes sociales crear un sistema de titularidad pública y de gestión privada de los planes de empresa, con bajos costes, con el fin de ampliar su uso y abrirlo a las pymes y a los autónomos.

Los partícipes a planes de empleo podrán aportar hasta 8.000 euros anuales, con la consiguiente deducción en el IRPF. Un techo fiscal que contrasta con los 1.500 euros anuales que se podrán aportar, y desgravar, en las aportaciones a planes individuales.

No se comprende que, para alentar el ahorro colectivo en planes de empleo sectoriales, se desincentive el ahorro privado para la jubilación. Los planes de empleo, la pensión pública y los planes individuales constituyen las tres patas del sistema de previsión social.

Sin embargo, en España, los planes de empresa han registrado un desarrollo muy inferior al que tienen en otros países, donde están mucho más extendidos en todas las franjas de edad de la población activa. Más bien, el Estado debería incentivar todos los recursos disponibles. Máxime, cuando las previsiones más realistas apuntan a un escenario en que las pensiones públicas de jubilación ya no serán suficientes para que los jubilados lleguen a finales de mes.

En España, hemos gozado de la tasa de reemplazo, la diferencia entre el último sueldo cobrado y la pensión pública percibida, más alta de los países de nuestro entorno. Hasta hoy, los jubilados españoles han tenido una tasa de reemplazo del 90% respecto al último sueldo cobrado.

Mientras, en el entorno de la UE esta tasa alcanza el 60/70%. Ha sido, precisamente esta característica del sistema español, la que ha propiciado el escaso desarrollo de los planes individuales y, más escaso todavía, el de los planes de empresa.

Tratar de cambiar la mentalidad de los españoles de cara a la planificación de la jubilación en apenas dos años es como querer hacerlo del día a la mañana: imposible. El retraso que tiene el sistema español de previsión social ya lo hemos señalado en varias ocasiones por el sector asegurador. Es más, la misma Unión Europea es contundente en su recomendación de incentivar con todos los estímulos posibles el ahorro privado para la jubilación.

El envejecimiento progresivo de la población europea, del que no escapa España ni mucho menos, ha propiciado esta recomendación de la UE de no reducir los incentivos al ahorro privado para la jubilación, sino todo lo contrario.

La mayoría de los expertos en previsión social admite que se producirá una merma de la pensión pública que percibirán los jubilados españoles. Máxime, si prospera la reforma de las pensiones, ahora también en boga, y se cambia el método de cálculo actual por criterios demográficos asociados la esperanza de vida del perceptor. En 2020 la esperanza de vida de los españoles se situó en los 83,4 años y todo apunta a que nos encaminamos a un escenario para las personas mayores de más gasto y menos ingresos.

Pendientes de cómo evoluciona el trámite parlamentario de la reforma de las pensiones, los mediadores tenemos la obligación de buscar las mejores soluciones para ofrecer al ahorrador la solución óptima para mantener el nivel de vida después de la vida laboral. Los seguros de ahorro-jubilación son una buena alternativa ante la disyuntiva que asaltará al partícipe entre elegir un plan individual, cada vez menos interesante, o las dificultades que se encontrará si decide promover un plan de pensiones de empresa en su trabajo.