El Gobierno se pasa de listo: el impuesto a la banca recauda un 6,7% menos de lo previsto por Sánchez

El impuesto a la banca establecido por el presidente Sánchez el año pasado para castigar a la banca por los supuestos beneficios extraordinarios que iba a obtener con la política de subida de tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo desde junio del año pasado recaudará finalmente 1.120 millones, pero no llegará a los 1.200 millones que el Gobierno esperaba ingresar y que en un primer momento habían contabilizado las entidades financieras. Se quedará un 6,7% por debajo de aquellas estimaciones, aunque en todo caso el volumen total de la confiscación ha representado un gran contratiempo para la banca que repercutirá en su capacidad para dar préstamos, remunerar los depósitos y retribuir adecuadamente a los accionistas.

De hecho, todas las entidades financieras se han opuesto a esta figura fiscal de nueva generación, bien ingresando la cantidad correspondiente en la Agencia Tributaria para después impugnar su autoliquidación, bien, adicionalmente, presentando un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Según los bancos afectados, el impuesto es discriminatorio porque penaliza al sector y se fija sobre un margen parcial y no en el beneficio neto, lo que carece por completo de sentido, según las fuentes consultadas. Además, el gasto no es deducible en el cómputo del Impuesto de Sociedades, lo que equivale a pagar dos veces.

El Banco Santander fue de los primeros en reprochar la implantación del impuesto y en cuantificar su impacto económico. Su entonces consejero delegado, José Antonio Álvarez, calculó en su momento que cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones en dos años, como pretende el Ejecutivo, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones. También apuntó que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general. Según el conjunto de la banca, el nuevo tributo es inconstitucional y puede ir en contra del derecho de la competencia de la Unión Europea, al introducir una desventaja entre las entidades españolas, que probablemente se verán obligadas a repercutir el tributo de nueva generación en los clientes; en todo caso, estrechará su margen de beneficios y reducirá la capacidad de dar préstamos.

Los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 finalmente pagarán 1.120 millones de euros en concepto del nuevo impuesto temporal sobre sus ingresos que aprobó el Gobierno para este año y el que viene, según se desprende de los cálculos finales que han ido incluyendo en los últimos días las entidades al publicar sus cuentas de resultados del primer trimestre. Esta cifra es un 6,7% inferior a las estimaciones iniciales que publicaron los bancos, cuando esperaban tener que aportar a las arcas públicas de forma agregada unos 1.200 millones de euros.

Bankinter fue el primer banco en presentar su cuenta de resultados el pasado 20 de abril. En ella incluía un desembolso para hacer frente al impuesto de 77 millones de euros, por debajo de la horquilla de entre 80 y 100 millones que comunicó inicialmente. Por otro lado, Banco Santander aportará finalmente 224 millones de euros, dentro del rango de entre 220 y 230 millones del que informó provisionalmente hace meses. Cifra similar ha registrado BBVA (225 millones), la misma que había considerado inicialmente. En ambos casos, la cantidad a aportar a las arcas públicas contrasta con los elevados ingresos, porque gran parte del negocio se produce fuera de España. Sabadell finalmente aportará 157 millones por el impuesto, por debajo de los 170 millones que consideraba en un principio, mientras que la factura final de Unicaja Banco se ha reducido desde los 76 millones que se estimaban, hasta un total de 63,8 millones. CaixaBank tendrá que pagar 373 millones por el tributo, frente a los 400 millones que había comunicado inicialmente.

Los seis grandes bancos cotizados obtuvieron un beneficio neto de 4.696 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2023. De esta forma, a pesar del impacto del impuesto especial, sus ganancias se elevaron un 13,9% respecto al mismo periodo del año pasado. El aumento de los beneficios se debe, en efecto, al aumento del margen de intermediación producto de la subida de los tipos de interés, pero, de acuerdo con los medios consultados, «esta cifra vista así, fríamente, pasa por alto la década pasada que ha tenido que afrontar el sector financiero con tipos de interés cero e incluso negativos, que han lastrado su cuenta de resultados y han exigido un esfuerzo de gestión descomunal, una época en la que el Gobierno estaba callado»

La estimación del Ejecutivo es que este nuevo impuesto suponga un incremento en la recaudación de 1.500 millones de euros. A lo que aportarán los bancos cotizados hay que sumar lo que tendrán que abonar otras entidades que no cotizan en Bolsa o incluso entidades extranjeras que tienen negocio en España. En un principio, este gravamen únicamente estará vigente durante 2023 y 2024, afectando a los ingresos netos por comisiones e intereses que las entidades registren en los años anteriores, respectivamente. No obstante, el Gobierno mantiene la puerta abierta a instaurar de forma permanente este gravamen, analizando su rendimiento a finales de 2024.