El Gobierno corrige por tercera vez en 6 meses la cifra de beneficiarios del ingreso mínimo vital

El Gobierno ha rectificado por tercera vez su previsión sobre el número de familias que se podrán beneficiar del Ingreso Mínimo Vital que ideó el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pero que gestiona el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y en menos de seis meses. Los datos de los que recibirán las ayudas son un caos.

Cuando se aprobó la medida en el mes de mayo, el vicepresidente Pablo Iglesias cifró en 850.000 personas los hogares que se beneficiarán de esta ayuda, una cifra que el ministro Escrivá redujo a 500.000 hace escasas semanas, concretamente a principios de octubre.

Concretamente el día 7 de octubre Escrivá llegó a decir que, a finales de 2020, prevén llegar a más de 500.000 hogares. Si bien, ha precisado que en un principio estimaron que 850.000 hogares deberían recibir el IMV y ha precisado que «es posible que la foto de 850.000 fuera demasiado optimista o no».

Sin embargo, como esta rectificación ya despertó las críticas al Gobierno -porque aguaba su medida social estrella, en el Plan Presupuestario 2021 que ha presentado el Ejecutivo a Bruselas han vuelto a la cifra inicial: «De esta prestación se beneficiaran unas 850.000 familias», remacha otra vez el documento presentado a la Comisión Europea.

El pasado 17 de octubre Escrivá explicaba que el ingreso mínimo «ya llega a más de 136.000 hogares». «Pronto serán muchos más», aventuraba. Sin embargo, a 7 de octubre las peticiones de esta ayuda ascendían a 870.000, lo que indica que sólo se han gestionado una parte de las ayudas y que está habiendo problemas para poner en marcha esta subvención del escudo social del Gobierno, que por el contrario a otras medidas como los ERTE o las prestaciones por cese de actividad por el covid-19 ha llegado para quedarse.

Sin embargo, es muy llamativa también la descoordinación a la hora de ofrecer cifras sobre el coste del ingreso mínimo en el propio Plan Presupuestario del Gobierno. Si en un párrafo de la página 61 del documento enviado a Bruselas el Gobierno vende que «se ha estimado que en 2021 el gasto de esta prestación será de 3.000 millones de euros». Sin embargo, en las cifras sobre el impacto presupuestario de las medidas el Gobierno avisa de que el coste será de 1.500 millones este año y de 1.500 el próximo, por lo que el desembolso de 3.000 millones no sería en un año sino en prácticamente dos.

Congelación de las ayudas activas de empleo cuando se dispara el paro

A esto se suma que el Plan Anual de Empleo 2020 aprobado este martes en Consejo de Ministros tendrá la misma dotación de fondos que en 2019 pese al brutal incremento del paro sufrido en España por el coronavirus.

Esto significa que, pese a que hay más parados, los fondos para las políticas activas de empleo que realizan las comunidades autónomas -con dinero que reparte el Gobierno a través de este Plan- y las propias que realiza el SEPE en el marco de sus competencias se quedan congelados. El motivo es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que prorrogar los Presupuestos de 2018 que aprobó el PP ante la falta de los apoyos necesarios para sacar adelante unas cuentas públicas nuevas.

Según el texto aprobado este martes por el Gobierno, el Plan de Empleo está dotado con 5.793 millones de euros, cifra similar a los 5.794 millones de euros de 2019. Los fondos para las comunidades autónomas serán este año de 2.126 millones de euros, frente a los 2.317 millones repartidos en 2019. Las comunidades son las que realizan buena parte de esas políticas activas de empleo para ayudar a los parados a reincorporarse al mercado laboral, como ha señalado también la ministra Portavoz, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con los datos del cierre de septiembre, el número de parados ha crecido en España en los últimos doce meses en casi 700.000 personas, a lo que hay que añadir otros 700.000 que todavía continúan en ERTE. Los efectos de la pandemia han disparado el paro y, en el futuro, será todavía peor. Pese a las ayudas europeas -si llegan finalmente- el Gobierno no espera que la tasa de paro se reduzca de forma importante en 2021. Muchas asociaciones empresariales están advirtiendo de que no pueden aguantar más tiempo y tendrán que despedir trabajadores. Alertan, además, de la dificultad de pagar los créditos ICO que solicitaron para dotarse de liquidez.