El Gobierno limitará el efectivo y endurecerá las sanciones de la Inspección de Trabajo

El Gobierno se escuda en la protección del fraude laboral para actualizar el importe de las sanciones de las Inspecciones de Trabajo, que se mantienen sin cambios desde el 2006. Asimismo, el Ejecutivo irá introduciendo de manera paulatina limitaciones mayores a los pagos en efectivo.

El Ministerio de Trabajo apuesta por establecer un mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo; reforzar el Plan por el Trabajo Digno, apoyándose en las nuevas técnicas de gestión de datos.

Adicionalmente, Trabajo dice que continuará con las prácticas de la Inspección de Trabajo que han mejorado la detección de abusos tanto en ERTE como en la temporalidad. Así, se centrará en el uso masivo de datos que tienen a su disposición las autoridades laborales, automatizará las actas sancionadoras, aumentará la plantilla estable de la Inspección de Trabajo.

A lo largo de 2021, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz quiere aprobar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas basado en los actuales ERTE, la modernización de la negociación colectiva, y la modernización de la contratación y subcontratación de las actividades empresariales. Además, prevé comenzar con la digitalización del SEPE para su modernización y eficacia, pero prevé que esta reforma se complete en 2023.

La revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, como recomendaba la AIReF, se llevará a cabo a partir del año que viene. Trabajo ha dejado claro que los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos.

Modernización del mercado laboral

El Gobierno destinará 2.363 millones de euros a desarrollar nuevas políticas públicas para lograr un mercado de trabajo «dinámico, resiliente e inclusivo» en el marco del Plan de Recuperación remitido a Bruselas. De esta cantidad, un tercio -765 millones de euros- se dedicará a empleo joven, según consta en el componente 23 del Plan.

Además de los 765 millones destinados a empleo joven, se invertirán 555 millones en nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad; 434,5 millones a la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, y 298 millones al fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.

Además, del total de 2.365 millones, 105,5 millones irán a la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, 105 millones al empleo de la mujer y la transversalidad de género en las políticas activas de apoyo a la activación para el empleo, y 100 millones al plan integral de impulso a la economía social.

Por ejercicios, los 2.363 millones se reparten en 1.019,5 millones de euros en 2021, 730,5 millones en 2022 y 613 millones de euros en 2023. En el documento se precisa que ninguna de las reformas recogidas en este componente necesita financiación y que el dinero europeo sólo se destinará a las inversiones mencionadas.