Gestha cree que Sánchez no aplicará solo la ‘tasa Google’ porque Trump respondería con más aranceles

Gestha opina que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no va a hacer por sí  solo un impuesto de servicios digitales (tasa Google) sino que esperará a que haya un consenso europeo y global. El motivo es que España podría ser castigada aún con más aranceles de Estados Unidos si estableciera por su cuenta la tasa Google.

Así lo ha señalado José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, a Europa Press después de que la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, haya dicho estos días que España no renuncia a implantar el impuesto, a la espera de que la OCDE defina una «buena» propuesta en el ámbito internacional.

El responsable de Gestha cree factible que España empiece a trabajar en un proyecto de tasa Google, que ya se anunció en el intento de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero que entrará en vigor cuando se consensúe definitivamente una solución en el marco de la OCDE y en el G-20. Si el proyecto de Presupuestos entrase en vigor tras el verano, el proceso legislativo de la tasa Google entraría en funcionamiento el próximo 1 de enero «en el mejor de los casos», ha indicado Mollinedo, quien cree que podría coincidir con la culminación de la propuesta de la OCDE.

«Si lo hace de forma unilateral, supondría la imposición de nuevos aranceles a productos españoles por parte de Estados Unidos», dice Gestha

«No creo que España la aplique unilateralmente si no va respaldada de otros apoyos de la UE. Si va en coordinación con otros Estados miembros serán más fuertes y sólidos para poder abordarlo», ha dicho. «En el hipotético caso de que el Gobierno de coalición decida finalmente aprobar la tasa Google de forma unilateral, podría suponer la imposición de nuevos aranceles a productos españoles por parte de la Administración norteamericana», ha avisado.

A su juicio, el año 2021 podría ser la fecha en la que se acompasase la iniciativa nacional con el avance del proyecto internacional, ya que los servicios técnicos de la OCDE tienen voluntad de cumplir el programa de trabajo previsto, pero «falta impulso político». Las palabras de Calviño desde Davos son, a su parecer, una «advertencia» a los países que puedan ser más reacios a tomar decisiones políticas al respecto de la fijación de un impuesto a determinados servicios digitales.

Un impuesto futuro

La ministra de Economía ha dicho esperar que pueda haber una propuesta más específica en el ámbito de la OCDE, conforme a los dos pilares. El primero busca normas sobre la reubicación de los beneficios de gigantes digitales que establezcan dónde deben pagarse los impuestos, mientras que el segundo, que está generando más debate, explora el diseño de un sistema fiscal internacional que asegure que las multinacionales digitales pagan un nivel mínimo de impuestos, con el objetivo de evitar la erosión de las bases fiscales y la transferencia de beneficios.

La idea del Gobierno de coalición es recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya en enero de 2019 y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales. El tributo que proyectó entonces gravaba aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.