La Fiscalía considera probado que los gestores de Bankia conocían las irregularidades contables

La Fiscalía Anticorrupción ha argumentado la ampliación de su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en la luz que han arrojado los testimonios de acusados, testigos y peritos a lo largo del procedimiento, que habrían probado que tanto el expresidente de la entidad Rodrigo Rato como el ex consejero delegado Francisco Verdú conocían la existencia de irregularidades en las cuentas de 2011, entre otros aspectos.

El pasado mes de julio, la Fiscalía elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011.

Este lunes, durante el inicio de la fase final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la fiscal Carmen Launa ha sostenido que los cambios en su acusación se han realizado con total transparencia y responden al principio de legalidad que exige la función del Ministerio Público, informa Europa Press.

En concreto, ha señalado que durante el procedimiento se han practicado nuevas pruebas y se han recogido testimonios que han aportado claridad a otras, lo que ha requerido que sus premisas iniciales hayan tenido que ser matizadas o reconsideradas.

La fiscal ha relatado que los trabajos de PwC y AFI han sido actualizados en el plenario con una revisión de las coberturas a 31 de diciembre de 2010, tras la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al grupo BFA-Bankia.

Aunque la información fue aportada por Bankia en la fase de instrucción, la fiscal ha apuntado que no había sido contrastada y valorada ante el plenario, para lo que interrogó a un elevado número de testigos y peritos sobre los niveles de cobertura.

En este sentido, Launa ha destacado la relevancia de la declaración de Ildefonso Sánchez Barcoj y de Ana María Martínez Pina. Asimismo, ha señalado que la valoración del trabajo del auditor externo se ha realizado «con un nuevo prisma», al entender que las nuevas pruebas aportadas «claramente estaban a su alcance en el momento de realizar su auditoría».

También han reforzado la valoración de la Fiscalía los correos remitidos por el auditor externo al comité de auditoría y cumplimiento y la declaración del auditor Francisco Celma, que arrojaron nueva luz a numerosos documentos de la causa y reforzaron la carga probatoria a los hechos imputados sobre las cuentas del 31 de diciembre de 2011 de Bankia y BFA y acreditaron el conocimiento de sus autores sobre la falsedad de las cuentas formuladas, según ha explicado Launa.

En cuanto a las intervenciones de los inspectores del Banco de España, la fiscal considera que han aportado «nuevos y abundantes matices que han enriquecido la prueba practicada en el plenario».

«Los correos introducen elementos probatorios muy importantes que han puesto de manifiesto la evidencia de la sobrevaloración de Bankia en su salida a Bolsa, de deterioros no contabilizados por 11.000 millones de euros y el grado de conocimiento de las irregularidades en las cuentas de 2011 por parte de Rodrigo Rato y Francisco Verdú, entre otras cuestiones», ha señalado Launa.

Por todo ello, el Ministerio Público ha sostenido que todas las cuestiones han sido acreditadas a lo largo del plenario y no en fase de instrucción, lo que le ha obligado a introducir matices importantes en su interpretación de determinados hechos en la elaboración de su escritor de conclusiones definitivo, en el que ha ampliado su acusación.

Sin vulneración del derecho de defensa

Cuando la Fiscalía anunció el pasado mes de julio la ampliación de su acusación, las defensas de algunos acusados, como fue el caso de la del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, alegaron que el Ministerio Público estaba vulnerando su derecho fundamental de defensa por la «modificación sustancial» de los hechos por los que acusaba de manera sorpresiva.

La fiscal Carmen Launa ha argumentado este lunes que dicha queja «carece de cualquier fundamento» y pretende la «pasividad» de la Fiscalía en hechos que han tenido trascendencia penal, lo que supondría «vulnerar la esencia» de su función como órgano constitucional.

De esta manera, Launa ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para concluir que la actuación de la Fiscalía al ampliar su acusación final ha sido acorde con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En concreto, la fiscal ha asegurado que la ampliación de los hechos no ha sido «sorpresiva», ya que algunas de las modificaciones fueron avanzadas como cuestión previa «en un alarde de transparencia» y otras han sido consecuencia de las pruebas desarrolladas en el plenario.

Además, ha destacado que el tribunal habilitó, sin oposición de la parte acusadora, el periodo preceptivo para responder a eventuales modificaciones en el periodo de conclusiones definitivas, lo que cada defensa utilizó como creyó conveniente. «No hubo vulneración del principio de defensa, sino que las garantías se han adecuado a lo exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional más allá de las peticiones que habían realizado las peticiones de las defensas», ha asegurado Launa.

Según ha señalado, en un principio algunas acusaciones sí veían un delito de falsedad contable, mientras que el tribunal consideró que, si bien dichas actuaciones habían sido el instrumento utilizado para ocultar el deterioro de los balances bancarios, no tenían trascendencia penal suficiente.

Sin embargo, teniendo en cuenta todas las conductas que han sido objeto de debate a lo largo de las 60 sesiones que se han celebrado tras la apertura del juicio oral, «se ha acreditado de forma contundente que tales actuaciones sí que son subsumibles de un delito de falsedad contable», ha sostenido la fiscal, por lo que finalmente ha decidido adherirse a lo expresado por las restantes partes acusatorias.

«No hay nada sorpresivo que no haya sido objeto de enjuiciamiento desde el primero momento», ha concluido.