Fedea cuestiona la propuesta del Gobierno de destope de las bases máximas: «Es un impuesto oculto»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cuestionado la propuesta del Gobierno de destopar gradualmente las bases máximas de cotización porque supone «potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante» que, a su juicio, «no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social».

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha publicado este lunes un artículo en el que expone que la propuesta del Gobierno sobre el destope de las bases máximas resultaría insuficiente de cara a las necesidades de ingresos del sistema.

Como parte de la segunda fase de la reforma del sistema público de pensiones, el Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque a un ritmo inferior.

Durante dicho periodo, el Ministerio de Seguridad Social propone que la base máxima de cotización aumente en términos reales (tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,154%, mientras que la pensión máxima lo haría a una tasa del 0,115%. Esto supondría en 2050 un incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima de cotización y del 3% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.

A partir de 2050, señala De la Fuente, la base máxima pasaría a actualizarse sólo con la inflación, manteniéndose por tanto constante en términos reales, y la pensión máxima crecería algo más que la inflación, hasta alcanzar un incremento acumulado del 30% a precios constantes «en un horizonte indefinido», a tenor de la propuesta presentada por el Gobierno.

Según los cálculos del director ejecutivo de Fedea, una vez implementada por completo en 2050, esta medida incrementaría la recaudación, «como mucho», en un 0,15% del PIB, «muy por debajo de lo que sería necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones» derivado de la primera fase de la reforma de pensiones, que el propio Gobierno ha cifrado en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.

«Si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema», alega De la Fuente.

Recargo solidario

Asimismo, el director ejecutivo de Fedea señala que las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que dan derecho a la pensión máxima) «son, en la práctica, un impuesto puro: una exacción monetaria sin contrapartida alguna». Además, esto tiene, a su juicio, una estructura «poco equitativa y muy distorsionante por aplicarse con tipos de gravamen muy elevados sobre una base limitada y arbitraria de rentas intermedias del trabajo».

Según expone, la suma de las cotizaciones por contingencias comunes y de las que se pagan por desempleo «grava sólo un amplio tramo de rentas intermedias del trabajo, excluyendo a las más bajas y a las más elevadas, y lo hace con un tipo marginal de gravamen inicialmente modesto pero que se multiplica por cinco al alcanzar el umbral de la pensión máxima».

De la Fuente aboga, por tanto, por eliminar «este peculiar impuesto de Seguridad Social», suprimiendo las cotizaciones por encima de tales umbrales, y reemplazarlo por otras iniciativas. Entre las posibles opciones, el director ejecutivo de Fedea apuesta, en la práctica, por «un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF», lo que aseguraría, en su opinión, «un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes».

«Como punto de partida, parece razonable exigir que los costes complementarios del sistema de pensiones o del conjunto de la Seguridad Social, que tienen un fuerte componente de redistribución o solidaridad, se repartan entre toda la población, y no sólo entre los trabajadores en activo, y que esto se haga atendiendo a la capacidad económica global de cada ciudadano y no sólo a sus rentas salariales dentro de un determinado intervalo», señala.

Estas consideraciones, prosigue De la Fuente, «apuntarían hacia instrumentos muy distintos al impuesto camuflado de cotización social que se aplica, con un tipo de gravamen muy elevado, exclusivamente sobre un tramo arbitrario de las rentas del trabajo».

El autor defiende que este recargo en el IRPF aseguraría un reparto progresivo de los costes no puramente contributivos del sistema de pensiones, «dificultaría la solución populista de barra libre y que paguen los ricos al problema de las pensiones y ayudaría a que los contribuyentes percibieran los costes reales del sistema de pensiones, cuya partida de gasto, por su gran magnitud, «amenaza» con dejar al país «sin margen fiscal para casi cualquier otra cosa».

De la Fuente opina que este recargo debería sustituir no sólo a lo que denomina «impuesto de Seguridad Social», sino también a las actuales transferencias del Estado al sistema para hacer así su coste más visible para el contribuyente, al tiempo que debería calibrarse para mantener inicialmente constantes la presión fiscal total y los ingresos de la Seguridad Social.