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La familia Botín invierte 36 millones de euros en acciones de Santander aprovechando los bajos precios

El jueves se anunció la adquisición de un millón de acciones por parte de Ana Botín en diez órdenes distintas por un total de 3,6 millones.

Los Botín han comprado este 31 de octubre un total de 10 millones en acciones de Banco Santander a través del mercado continuo, pagando por ellas 36 millones de euros, tal y como puede comprobarse en los registros de la CNMV. Este jueves se dieron a conocer las compras de un millón de acciones por parte de la presidenta del banco, Ana Botín, tras la caída en bolsa de la entidad, como muestra de compromiso y confianza en la evolución del banco.

Junto a esta compra ha habido otras dos órdenes de compra, una de seis millones por 21,72 millones y otra de tres por 10,86 millones de euros. En total, las adquisiciones se han ejecutado por 36,18 millones de euros.

Las operaciones corresponden a acciones sindicadas adquiridas por las sociedades Agropecuaria el Castaño, Nueva Azil y Cronje y se han hecho públicas a través de la participación de Francisco Javier Botín, informa Europa Press.

Agropecuaria el Castaño es propiedad de Francisco Javier Botín, director no ejecutivo de Banco Santander, mientras que Nueva Azil está controlada por Carolina Botín, y Cronje, por Ana Patricia Botín.

La familia Botín posee 90,17 millones de títulos del banco, una participación del 0,543% que está valorada al precio actual de mercado en unos 334,5 millones de euros.

La semana pasada, las acciones del Santander se desplomaron entre el lunes y el jueves un 9,74%, hasta los 3,594 euros por título, siendo especialmente intensa la caída del miércoles, tras presentar sus resultados del tercer trimestre.

La entidad recortó su beneficio neto hasta septiembre en un 35%, hasta 3.732 millones, tras haber dotado 2.448 millones, principalmente por el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido, anunciado el pasado 24 de septiembre (1.491 millones de euros), así como por una provisión adicional por los seguros de protección de pagos (PPI) en el Reino Unido (103 millones de euros) y otros cargos (40 millones de euros).