Expertos en drones reclaman más regulación e información tras el incidente de Barajas

La industria de los vehículos aéreos no tripulados está en creciente desarrollo y las estimaciones del Gobierno son que España cuente en 2035 con 51.400 ‘drones’ que generarán un volumen de negocio de 1.200 millones, una cifra importante que hace necesaria una mayor regulación para evitar incidentes como el ocurrido esta semana en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas que provocó el cierre del espacio aéreo madrileño durante unas horas.

El avistamiento por parte de unos pilotos de unos drones en las cercanías del aeropuerto madrileño provocó la paralización de entradas y salidas de aviones durante poco más de horas y media por el peligro que suponía para las operaciones aéreas. El resultado fue un total de 26 vuelos desviados e importantes retrasos en los despegues y aterrizajes.

Igual que otros aeródromos, Barajas cuenta con un equipo de control de fauna, para evitar que bandadas de pájaros puedan colisionar con los aviones durante el despegue o aterrizaje. Pero los sistemas técnicos que podrían ayudar a la detección a intercepción de drones aún suponen una tecnología en pruebas. Así, la mayoría de los avistamientos son realizados por pilotos.

Los expertos advierten que cualquier dron, ya sea un juguete o un modelo profesional, es un gran problema en el entorno de un aeropuerto porque cualquier acercamiento o choque con un avión tradicional puede originar un problema muy serio de seguridad.

La normativa es clara: no está permitido el uso de drones a menos de ocho kilómetros de un aeropuerto y que hacerlo puede acarrear multas de pueden llegar a superar los 200.000 euros en los casos más graves. Pero muchos usuarios la desconocen o la incumplen intencionadamente.

Por ello los expertos consideran imprescindible un mejor conocimiento de la normativa entre los compradores de drones. «Muchos desconocen la normativa realmente y ese es el problema. La normativa es bastante clara y los castigos son bastante fuertes, pero muchos lo desconocen», explicó en declaraciones a Europa Press el consejero delegado de la empresa de drones española Alpha Unmanned Systems, Eric Freeman.

En su opinión, con la venta de cada dron recreativo habría que registrar los dispositivos y establecer un cursillo para los pilotos para que conozcan perfectamente cual es la normativa y regulación de vuelos de drones en España.

Los pilotos profesionales de drones deben obtener una licencia para poder llevar a cabo su actividad. Tienen que darse de alta en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Además, la normativa establece que deben contratar un seguro de responsabilidad civil de forma obligatoria.

Pero en el caso de los pilotos recreativos no hay unas obligaciones claramente marcadas, únicamente una serie de distancias de seguridad y zonas marcadas en las que se puede pilotar. Está prohibido manejar drones de noche, así como en condiciones atmosféricas adversas. Además, el dron debe estar en todo momento en el campo de visión del piloto.

La empresa tecnológica española Alpha Unmanned Systems, que diseña y fabrica helicópteros para reconocimiento, vigilancia e inspección, considera también fundamental el establecimiento de un seguro de responsabilidad civil entre los compradores de drones recreativos, al igual que lo tienen las empresas profesionales, para atender a situaciones.

«Nosotros, al igual que muchas empresas en España, tenemos seguros, licencia y cumplimos con la normativa. El problema son los miles de particulares que consiguen un dron con mucha facilidad y que no cuentan con ningún tipo de responsabilidad que les respalde», explicó Freeman.

El experto insiste que lo más importante es que los usuarios tengan conocimiento de la normativa y así se evitarían muchos problemas. «Lo más importante es aclarar lo ocurrido en Barajas, cual ha sido el motivo de esa entrada en espacio aéreo prohibido y tomar medidas al respecto», indicó el experto asegurando que no se pueden invertir miles de millones en sistemas de inhibición si realmente el problema mayoritario es de información y de desconocimiento de la normativa