El Gobierno deja sin renovar los hidroaviones contra incendios mientras destina 2.600 millones más a Red Eléctrica

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 14/08/2026 05:45
  • Actualizado: 14/08/2026 05:45

El Gobierno vuelve a evidenciar sus prioridades presupuestarias. Mientras reconoce que no dispone de medios suficientes para mantener plenamente operativa la flota de hidroaviones contra incendios y ha aplazado la modernización de varios aparatos, el Consejo de Ministros ha aprobado este verano nuevas inversiones multimillonarias para Red Eléctrica (Redeia) que, entre distintas actuaciones, superan los 2.600 millones de euros.

La decisión llega en plena campaña de incendios y después de que España encadene ocho años sin incorporar nuevos hidroaviones. La renovación de estos aparatos no llegará, como mínimo, hasta 2028, pese a que el propio Ejecutivo admite problemas para mantener operativa toda la flota disponible.

Más dinero para Red Eléctrica

Frente a esa falta de inversión en medios aéreos, el ministerio para la Transición Ecológica ha impulsado la Tercera Modificación de Aspectos Puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que incorpora más de 600 millones de euros adicionales destinados al control de tensión de la red. Esa cantidad se suma a los 750 millones ya aprobados en 2025 para el mismo objetivo, elevando el presupuesto total hasta alrededor de 1.400 millones de euros.

Reforzar el control de tensión resulta necesario tras el gran apagón de abril de 2025, pero el Gobierno ha decidido encomendar nuevamente esa función, casi en solitario, a Red Eléctrica, precisamente el operador que quedó señalado como principal culpable de aquel episodio.

Tanto las principales asociaciones del sector como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclaman un proceso más transparente y competitivo que permita valorar otras tecnologías capaces de prestar ese mismo servicio, como los ciclos combinados o determinadas instalaciones renovables, con el objetivo de seleccionar la alternativa más eficiente y económica.

Esas recomendaciones no han sido atendidas. El Gobierno ha optado por adjudicar directamente la inversión al operador del sistema sin justificar suficientemente las actuaciones, sin priorizar mecanismos de mercado y sin abrir un proceso competitivo para comparar alternativas.

Otros 1.000 millones en Tenerife

Las nuevas inversiones no terminan ahí. El Consejo de Ministros también ha encargado a Red Eléctrica el desarrollo de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, en Tenerife, un proyecto valorado en alrededor de 1.000 millones de euros que eleva el volumen de recursos públicos asignados al operador durante este verano hasta superar los 2.600 millones.

La normativa europea establece, con carácter general, que los operadores de transporte y del sistema no deben ser propietarios ni explotar instalaciones de almacenamiento energético, al considerar que se trata de una actividad que debe desarrollarse en competencia.

El Ejecutivo está agarrándose nuevamente a una excepción para pervertir una norma, y así permitir que Red Eléctrica asuma también este proyecto.

En el sector existe una profunda preocupación también con los sobrecostes que surjen en este tipo de proyectos, puesto que el operador público suele añadr cuantías bastntae relevantes.

Entre esos proyectos figura la interconexión eléctrica del Golfo de Bizkaia, cuyo presupuesto ha pasado de 1.750 millones de euros en 2020 a 3.100 millones en 2025, o como la central de bombeo de Chira-Soria, cuya inversión aumentó desde 313,7 millones hasta 588,9 millones de euros.