La acusación de Luis Pineda denuncia que la Audiencia Nacional omitió su escrito contra Francisco González y reclama elevar a 197 millones la fianza civil
El empresario sostiene que el auto de apertura de juicio oral dejó fuera por error su acusación particular, en la que reclama 196,3 millones de indemnización
La batalla judicial del caso BBVA-Villarejo suma un nuevo capítulo. La representación de Luis Pineda ha solicitado a la Audiencia Nacional la rectificación y complemento del auto de apertura de juicio oral al considerar que la resolución omitió íntegramente su escrito de acusación, presentado el 13 de septiembre de 2024 dentro del plazo legal, pese a formar parte de las actuaciones.
El escrito, registrado este viernes, sostiene que el auto de 9 de julio de 2026 no recoge ni las penas interesadas por la acusación particular de Pineda ni la responsabilidad civil que reclama por los supuestos daños derivados del denominado contrato Ausbanc, pese a que dicha documentación constaría incorporada al procedimiento. Por ello solicita al tribunal que subsane el error material y complete la resolución.
La petición no es menor. Además de reproducir íntegramente su escrito de acusación contra Francisco González, BBVA y el resto de procesados, la defensa de Pineda reclama que se incorpore una indemnización de 196 millones de euros a su favor y que, en consecuencia, la fianza para asegurar las responsabilidades civiles pase de los 1,17 millones fijados inicialmente a 197.492.326 euros, bajo apercibimiento de embargo si no fuera consignada.
La acusación de Pineda «desapareció»
Fuentes del entorno de Luis Pineda consultadas por OKDIARIO aseguran que la omisión resulta «incomprensible», especialmente porque recuerdan que la pieza separada relativa a BBVA y Villarejo se inició, según sostienen, a raíz de las declaraciones realizadas por el propio Pineda y de los escritos que presentó desde prisión.
Las mismas fuentes lamentan que su acusación haya quedado fuera del auto mientras sí aparecen reflejadas otras acusaciones particulares y reclaman que se reconozca el papel procesal que han desempeñado durante toda la instrucción. Asimismo, consideran insuficiente la cuantía de las responsabilidades patrimoniales fijadas inicialmente y sostienen que el perjuicio que atribuyen a las actuaciones investigadas no ha sido recogido adecuadamente.
En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la representación procesal de Pineda sostiene que la omisión vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y le provoca indefensión, al impedir que su acusación particular y su reclamación civil formen parte del objeto del juicio oral. Por ello, invoca el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para solicitar la corrección del auto y la incorporación íntegra de su escrito de acusación.
Piden prisión para Francisco González
El auto de apertura de juicio oral dictado por la Audiencia Nacional supone uno de los mayores reveses judiciales para BBVA desde el estallido del caso Villarejo. La resolución sienta en el banquillo al banco como persona jurídica y a una decena de exdirectivos, entre ellos su expresidente Francisco González, por un amplio abanico de delitos relacionados con los presuntos encargos realizados al excomisario José Manuel Villarejo. En el caso de la entidad, el procedimiento mantiene la acusación por 52 delitos, mientras que sobre Francisco González pesan acusaciones que incluyen cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, falsedad documental y administración desleal, entre otros, según las distintas acusaciones personadas.
Las acusaciones particulares y populares han endurecido además sus peticiones de condena. Entre ellas figura la solicitud de ingreso inmediato en prisión para Francisco González tras la apertura del juicio oral, así como la reclamación de que BBVA deposite o, en su defecto, se embarguen 381 millones de euros para garantizar las responsabilidades económicas que podrían derivarse del procedimiento. Todo ello convierte el juicio en una de las causas penales de mayor impacto para una entidad financiera española, tanto por el número de delitos atribuidos como por las elevadas responsabilidades civiles y patrimoniales que se encuentran sobre la mesa.
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