Ombuds no paga la nómina de junio a 7.500 vigilantes y culpa a la banca

Ombuds Compañía de Seguridad S. A., la tercera empresa de seguridad privada de España -después de Prosegur y Securitas- solicitó la pasada semana acogerse al capítulo 5 bis de la ley concursal, debido a las deudas que acumula con Hacienda y con la Seguridad Social.

La compañía no ha pagado la nómina de junio de los 7.500 vigilantes activos por la negativa de la banca de renovar las líneas de circulante. La empresa está negociando con el pool bancario con el que tiene las deudas (Santander, Popular, Bankia y Caixabank) la renovación de las líneas de factoring para la empresa, que fueron unilateralmente suspendidas por la banca.

Los grupos de WhatsApp de los vigilantes están que arden e intentan confirmar sin éxito si alguien ha cobrado, pero cada día que pasa el pesimismo crece, al igual que la desesperación de 7.500 familias. Algunos han empezado a no cumplir con sus jornadas y horarios y a desatender los servicios de vigilancia.

Mediante la solicitud de este apartado que prevé la ley concursal, y que Ombuds solicitó el pasado 30 de junio, las empresas solicitan más tiempo para poder atender a los pagos. En este caso, tanto Hacienda como la Seguridad Social se muestran favorables a dar facilidades a la empresa de seguridad, de acuerdo a fuentes conocedoras de la situación.

Negociaciones

El director general de Ombuds, Rodrigo Cortina, controla el 25% de la compañía mientras que el fondo JTI controla el resto. A pesar de tener una buena actividad ordinaria, con un ebitda previsto de 12 millones de euros, las dificultades de liquidez que son consustanciales a las empresas del sector de seguridad privada -y que han llevado a la quiebra de otras grandes del sector como Segur Ibérica- están afectando a la empresa de seguridad madrileña.

El pasado viernes, la rumorología en la compañía era intensa y los empleados no habían cobrado su nómina este viernes y muchos temen que el pago de los salarios pueda retrasarse bien entrada esta semana.

Escalada

Ombuds ha subido en los últimos años varios escalones en el ranking de empresas de seguridad en España, obteniendo un meritorio tercer puesto.

Según el ranking de empresas de eInforma y El Economista, Prosegur lidera claramente el mercado con 1.870 millones de euros de facturación de sus principales divisiones (seguridad privada, alarmas y furgones de  efectivo) y Securitas es el segundo grupo con 402 millones de euros de ventas. Inmediatamente después, y superando a clásicos del sector como Eulen, viene Ombuds, una compañía que hasta hace unos años apenas entraba en el top ten por facturación de España y que creció tras la adquisición de Castellana de Seguridad (Casesa) en 2015.

Deuda con Hacienda

Fuentes del sector informan de que a Ombuds le está siendo muy duro levantar cabeza en los últimos trimestres. El motivo es una pescadilla que se muerde la cola de deuda con Hacienda, retrasos en los pagos a sus empleados y pérdida de contratos por causa de la deuda con Hacienda.

Según la última lista de morosos publicada la pasada semana por la Agencia Tributaria, el grupo de Rodrigo Cortina debe 4,3 millones de euros a Hacienda: 2,8 millones a través de Ombuds Compañía de Seguridad SA y 1,5 a través de Ombuds Servicios SL.

Estos impagos con el fisco están haciendo que la empresa no pueda acudir a nuevos contratos, e incluso que la Agencia Tributaria le ha embargado algunas de las cuentas. Por ejemplo, Ombuds tiene embargado el contrato que tiene con Carrefour, uno de los más importantes de la empresa, por las deudas que tiene con Hacienda. De este modo, los pagos de las empresa francesa dirigida en España por Rami Baitiéh por los servicios de seguridad privada de Ombuds van directamente al departamento dirigido en última instancia por la ministra María Jesús Montero.