Cuenta atrás para Atlantia: deberá presentar oficialmente la OPA sobre Abertis antes del jueves

Al grupo italiano Atlantia se le acaba el tiempo para presentar su anunciada Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para hacerse con el control del gigante español Abertis. De momento lo único que se conoce es el precio: 16,5 euros por acción, un importe que la mayoría de los analistas considera bajo y que puede ser modificado cuando Atlantia presente el folleto de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado viernes los títulos de Abertis cerraron en los 16,3 euros.  Los analistas esperaban que Atlantia ofreciera 18 euros por acción para hacerse con el control de la compañía que preside Salvador Alemany.

Además del precio, el otro gran obstáculo es que el grupo de concesiones español tiene un gran volumen de activos que el Gobierno considera «estratégicos», entre los que destacan algunas autopistas y el porcentaje que posee de Hispasat, la compañía de satélites que, a su vez, dispone de una filial encargada de las comunicaciones militares (Hisdesat).

Atlantia pretende crear el líder del mercado mundial de autopistas y, para ello, deberá desembolsar más de 16.000 millones de euros y, quizás lo más difícil, convencer al Ejecutivo español. El anuncio de la oferta se produjo el pasado 15 de mayo.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna no descarta que otra compañía pueda presentar una OPA alternativa que pueda ser más afín a los intereses estratégicos españoles y que mejore el precio de los italianos (lo que se conoce como un «caballero blanco» en el argot financiero).

“La opción que se está manejando ahora es que otra empresa con mejor sintonía con los intereses españoles lance una oferta alternativa, el problema es que se puede avecinar un conflicto político, ya que el mercado pasa a un segundo plano y es el Gobierno el que interviene directamente en la operación. Además, no se puede olvidar que el Ejecutivo italiano ya paralizó una operación similar lanzada por Abertis para controlar Atlantia hace unos años”, indican las fuentes consultadas.

Sea como fuere, el plazo que tiene el grupo controlado por la familia Benetton concluye el próximo 15 de junio, ya que la normativa establece que no puede pasar más de un mes desde que se anuncia la OPA hasta que se presenta oficialmente el folleto.

Cuando sea enviado a la CNMV entonces el regulador dará un plazo de 10 días a Abertis para que se pronuncie el consejo de administración (en el que la entidad con más peso accionarial es Criteria).

Según han confirmado fuentes del sector a Europa Press, «Criteria prevé agotar este plazo legal con que cuenta para decidir sobre la operación, con lo que no se pronunciará hasta que se manifieste el máximo órgano de gestión de Abertis, en el que se sienta».

Si Atlantia tiene éxito al integrar Abertis la compañía resultante tendrá un volumen de negocio cercano a los 10.000 millones de euros. Las fuentes consultadas indican que Barcelona seguirá siendo la sede principal del grupo resultante, que sufrirá importantes cambios corporativos en caso de cerrarse la OPA: el actual consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, tendrá que dejar su puesto.

La voz cantante en las negociaciones que se están produciendo entre sendas empresas la lleva Gilberto Benetton, si bien es cierto que no pasan por el aro todas las condiciones que el cofundador de la firma de moda pone sobre la mesa. Tras la familia Benetton (a través de Sintonia), se espera que Criteria sea el segundo accionista del grupo, que tendría un peso próximo al 15%.

De la Serna es el miembro del Gobierno que ha sido más explícito respecto al papel  del Ejecutivo en la OPA de Atlantia: “el Gobierno está especialmente interesado en este proceso, especialmente interesado en garantizar el interés general del Estado dentro del marco de la posibilidades legales que tenga”, dijo hace una semana en el Senado.

Otro de los responsables públicos que se ha pronunciado es el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha manifestado públicamente que Hispasat es un activo “estratégico” para España y que, en relación con las autopistas, el Ejecutivo “tomará la mejor decisión teniendo en consideración el interés general”.