¿Por qué ha fracasado el control de los precios del alquiler en Cataluña?

La Generalitat de Cataluña ha fracaso en su intento de controlar los precios del alquiler. Cinco meses después de que entrara en vigor la Ley autonómica que regula las rentas en Barcelona y otros 60 municipios, los datos del portal Idealista confirman que los precios han caído un 3% en Barcelona desde el 22 de septiembre de 2020, y un 3,4% en Madrid donde no existe regulación en la materia.

Además, el stock de vivienda en Barcelona se ha reducido un 10,2%, mientras que ha subido un 1,7% en Madrid. «El impacto a corto plazo ya perjudica de manera notable a los futuros inquilinos, que si ahora quieren alquilar una vivienda en alguno de los 60 municipios regulados se encontrarán mucha menos oferta y precios similares a los que había antes de la entrada en vigor de la regulación», dicen desde Idealista, que también explica que la presión de la demanda ha crecido un 7,2% en Barcelona, lo que tensiona aún más la búsqueda a los demandantes de pisos de alquiler. La capital de España, en cambio, va por el camino contrario y tras el verano, la demanda relativa se ha reducido en la capital en un 6,3%.

Los precios han caído un 3% en Barcelona desde el 22 de septiembre de 2020, y un 3,4% en Madrid donde no existe regulación en la materia

La ley que interviene el mercado del alquiler aprobada por el Parlamento catalán a principios de octubre -y que Podemos quiere trasladar a nivel nacional- estipula que el límite de los precios se establecerá a partir del Índice de Referencia de precios de alquiler de la Generalitat, un indicador que fija el coste del metro cuadrado de una vivienda en base a diferentes criterios. La norma no afecta a los contratos de alquiler que ya están en vigor, pero sí que actúa sobre los nuevos contratos y los que se renueven, que no podrán tener una cuota superior a la del contrato anterior.

Los propietarios podrán subir el precio del alquiler por encima del Índice de Referencia siempre y cuando hayan realizado obras que mejoren la seguridad, habitabilidad, confortabilidad y eficiencia energética en el último año. En ese caso, podrán incrementar el precio en un máximo del 5% del índice. Los propietarios que no cumplan con la ley podrán recibir sanciones de entre 3.000 y 90.000 euros, cantidad que dependerá de la gravedad del incumplimiento.