Bruselas reduce los impuestos que pagan las empresas europeas por operar dentro de la UE

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles eliminar los impuestos que actualmente se retienen sobre determinados pagos entre empresas de distintos países de la UE y reducir las obligaciones de información para multinacionales y plataformas digitales, en el marco de una amplia reforma con la que pretende simplificar la normativa tributaria europea y reducir cargas administrativas.

La propuesta supondrá que las empresas dejen de afrontar los procedimientos para recuperar impuestos retenidos en pagos transfronterizos dentro de la Unión, mientras que miles de multinacionales y plataformas digitales verán simplificados sus trámites de declaración ante las autoridades tributarias, unos cambios con los que Bruselas estima ahorrar cerca de 8.000 millones de euros anuales, de los que alrededor de 3.300 millones corresponderían a cargas burocráticas directas.

La reforma eliminará las retenciones fiscales que actualmente gravan determinados pagos entre empresas de distintos países de la UE, como dividendos, intereses y cánones. Según explica el Ejecutivo comunitario, muchas compañías deben pagar estos impuestos en el país donde se genera la renta y reclamar después su devolución, lo que, a su juicio, supone una barrera para la inversión dentro del mercado único y cuyo coste estima en unos 5.300 millones de euros anuales.

El texto incluye además cambios en varias normas fiscales europeas para facilitar la financiación de las empresas, eliminar obligaciones consideradas duplicadas y simplificar las reglas que regulan el intercambio de información entre las autoridades tributarias de los Estados miembro.

Evasión fiscal

Por otro lado, Bruselas plantea modificar algunas disposiciones de la directiva contra la evasión fiscal para facilitar el acceso a financiación. En concreto, propone excluir determinadas financiaciones de bajo riesgo, como algunos préstamos bancarios o de mercado, de las limitaciones a la deducción de intereses y armonizar la aplicación de estas reglas en toda la Unión, con lo que espera reducir en más de 500 millones de euros al año los costes de cumplimiento administrativo para las compañías.

Asimismo, la Comisión quiere eliminar las duplicidades existentes entre las normas sobre sociedades controladas en el extranjero y el impuesto mínimo global del 15% acordado a nivel internacional, ya que, según sostiene, la coexistencia de ambos sistemas ha generado obligaciones superpuestas y una mayor complejidad para las empresas con actividad transfronteriza.

La reforma introduce además un modelo común para aplicar estas normas en todos los Estados miembro, amplía las operaciones de reorganización empresarial que podrán realizarse sin tributación inmediata y revisa los mecanismos de resolución de litigios fiscales entre países de la UE para hacerlos más accesibles para los contribuyentes.

Bruselas propone también establecer por primera vez un tratamiento fiscal mínimo común para las inversiones en activos materiales destinados a investigación y desarrollo (I+D), con la intención de incentivar este tipo de inversiones y reducir las diferencias existentes entre los sistemas tributarios nacionales, una armonización que, según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, podría impulsar el PIB de la UE en torno a un 0,2% anual.

Otro de los ejes de la reforma pasa por simplificar las obligaciones de información que deben cumplir empresas y plataformas digitales ante las autoridades tributarias.

Así, alrededor de 3.000 multinacionales sujetas al impuesto mínimo global del 15% dejarán de presentar determinadas comunicaciones al considerar Bruselas que parte de la información exigida actualmente ya se aporta a través de otros mecanismos de declaración.

La Comisión eliminará la obligación de comunicar algunos mecanismos fiscales transfronterizos cuya utilidad para detectar fraude o evasión considera limitada y ampliará los plazos para presentar determinadas declaraciones.

Uno de los cambios con mayor impacto para los ciudadanos afectará a las plataformas digitales de compraventa. Bruselas propone elevar de 2.000 a 3.000 euros el umbral a partir del cual las ventas de bienes realizadas por Internet deben comunicarse a las autoridades fiscales, una medida que excluirá de esta obligación a más de diez millones de vendedores ocasionales, especialmente quienes venden artículos de segunda mano, y que permitirá ahorrar alrededor de 678 millones de euros.