El bloqueo de Sánchez abre un agujero de 4.000 millones de euros en las cuentas de las CCAA

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como consecuencia del bloqueo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la investidura de Mariano Rajoy, va a generar un agujero fiscal de 4.000 millones de euros en las cuentas de las comunidades autónomas. Si no se aprueba el techo de gasto, los gobiernos regionales tendrán que asumir que el límite del déficit es del 0,3% del PIB, en lugar del 0,7% pactado con el Ministerio de Hacienda y que está pendiente de ser aprobado en sede parlamentaria.

Hasta ahora, la postura oficial del departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro ha sido clara: hasta que no haya investidura no se aprobará el techo de gasto y, con ello, se dará el pistoletazo de salida para la elaboración de los PGE para 2017, en cuyo borrador ya trabajan los técnicos de Hacienda. Sin embargo, el nuevo escenario que se crea tras la decisión de Sánchez de no abstenerse en el debate de investidura, puede modificar este calendario, porque es prácticamente imposible aprobar unos Presupuestos en lo que queda de año y todo indica que habrá que prorrogar los elaborados el pasado año.

Así lo considera el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ve muy complicado que el proyecto de ley de los PGE para 2017 pueda entrar en el Congreso antes de octubre. Ni siquiera aunque el PP consiguiera los suficientes apoyos tras las elecciones vascas se podría cumplir el calendario y el Gobierno en funciones se verá obligado a presentar el 15 de octubre a Bruselas un plan de ajuste fiscal para cumplir con el nuevo calendario pactado con la Comisión Europea sin que los PGE estén aprobados.

En este contexto, las comunidades autónomas no podrán beneficiarse del acuerdo alcanzado con Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a finales del pasado mes de abril, en el que el Gobierno abrió la mano a los gobiernos regionales para que estos pudieran tener una brecha entre gastos e ingresos de hasta el 0,7% del PIB, frente al 0,3% acordado anteriormente.

Son unos 4.000 millones de euros a repartir entre 2016 y 2017 que ahora se quedan en el limbo y que van a obligar a las CCAA a aprobar nuevos planes de ajuste si no quieren perder la asistencia financiera del Estado a través del programa de rescate autonómico (el denominado FLA).

Las cuentas anuales de los gobiernos regionales no es lo único que está en juego, ya que sin PGE no se producirá la anunciada subida del 0,25% de las pensiones, ni el incremento del 1% del suelo de los funcionarios. La única vía legal que tiene el Gobierno en funciones para poder elevar estas partidas es aprobarlas por decreto, del mismo modo que hizo en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa a finales de diciembre, sin tener apenas margen temporal. No obstante, en este caso el tiempo también es un obstáculo, ya que la norma debería ser convalidada en el Congreso en un plazo inferior a un mes desde su aprobación.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo el pasado viernes que se compromete a aprobar el citado decreto que permita actualizar los sueldos de los funcionarios y las pensiones aunque no haya nuevos PGE. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría recordó que hay partidas presupuestarias que no pueden prorrogarse ni revisarse, como los citados 4.000 millones de euros de las CCAA  o el nuevo Plan de Vivienda, “por lo que los bolsillos de muchos españoles se verán afectados» por el bloqueo del PSOE.