El Banco de España señala a Sánchez ante el fracaso de los préstamos ICO: el Estado no respaldó el 80%

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 15/05/2025 06:46
  • Actualizado: 15/05/2025 06:46

Lo prometieron como un salvavidas. Lo vendieron como un gesto de apoyo sin precedentes a empresas y autónomos. El cambio en el sistema de ayudas, donde por «primera vez lo público respondía desde el progreso social». Pero la realidad ha acabado arrollando al relato oficial.

El Banco de España ha señalado a algunas entidades financieras por haber hecho negocio a través de los préstamos ICO, mientras los empresarios, lejos de ser rescatados, han sido obligados a responder por el 100% del dinero recibido, pese a que el Gobierno prometió que cubriría el 80% a través del Instituto de Crédito Oficial.

Un tuit de Pedro Sánchez publicado en mayo de 2023 es hoy un bumerán que vuelve con fuerza. En él, el presidente presumía de que, mientras los anteriores gobiernos «avalaban a los bancos», su Ejecutivo había «avalado a empresas y autónomos» durante la pandemia. “Los Consejos de Ministros ahora son de avances sociales, no de recortes como los de los gobiernos neoliberales”, proclamaba en su cuenta de X (entonces, Twitter).

Pero la realidad ha terminado por ser distinta. Porque no sólo no avalaron a los empresarios como prometieron, sino que dejaron que los bancos impusieran una serie de condiciones para dar esos créditos y luego se desentendieron. El resultado: miles de pymes y autónomos asfixiados, enfrentándose a reclamaciones por el 100% de los importes impagados.

La mayoría de esos importes, además, no fueron para ampliar un local o poner un mejor toldo: con ese dinero cientos de pymes y autónomos salieron adelante en el retraso de cuotas a proveedores y de pagos por suministros durante los meses más duros de la Covid-19 y sus posteriores restricciones durante meses.

La Justicia da la razón a las pymes

En todo caso, las reclamaciones están llegando a término y la Justicia ha comenzado a dar la razón a pymes y autónomos, con el consiguiente pago en intereses y costas a su favor. Algunos despachos especializados están logrando las primeras sentencias que dan la razón a los afectados. Entre ellos, Asoban Abogados, que acaba de ganar un caso paradigmático de un préstamo ICO Covid.

“El Estado creó una expectativa falsa. Prometió un respaldo del 80% y luego dejó completamente desprotegido al empresario, permitiendo que los bancos reclamasen la totalidad del importe”, explica Diego Zapatero, socio del bufete, que ha liderado varias de estas demandas.

Zapatero destaca que “las entidades financieras han operado como si el aval no existiera, y en muchos contratos ni siquiera informaron de sus límites o condiciones”. A juicio del abogado, esto configura una “clara vulneración de derechos” y una “responsabilidad compartida entre el Gobierno y los bancos”.

Desde este despacho celebran, eso sí, que la jurisprudencia comience a reconocer esta realidad, pero alertan de que aún queda mucho camino por recorrer. “Estamos hablando de miles de empresarios engañados y endeudados injustamente. El ICO, lejos de ser una solución, se convirtió en una trampa”, denuncia el letrado.

Este despacho ha sido uno de los primeros en conseguir una sentencia favorable en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Castellón, donde se ha condenado a una entidad financiera por reclamar la totalidad de un préstamo ICO a un empresario del sector hostelero, a pesar de que dicho crédito contaba con aval estatal.

El juez estimó que el banco no informó adecuadamente de las condiciones del aval y que actuó en contra del principio de buena fe contractual. La resolución obliga ahora a la entidad a asumir el 80% del impago, eximiendo al cliente de una deuda injusta que el propio Gobierno dijo que no le correspondería.

Un caso que sienta precedente, pero que no borra el problema: durante años, miles de pymes han sido perseguidas por importes que creían cubiertos por el Estado. Y mientras eso ocurría, desde Moncloa seguían hablando de “progreso social”.

El Gobierno no rectifica

Mientras tanto, el Ejecutivo guarda silencio. Ni una rectificación, ni una disculpa. Ni siquiera una mención en los discursos triunfalistas del presidente. Como si nada hubiera pasado.

El Gobierno mira hacia otro lado y no está respondiendo por los importes que debería haber cubierto, y los empresarios reclaman la factura de lo sucedido. Por eso, entre otras razones, las nuevas líneas de avales lanzadas tras el impacto que produjo la DANA no están siendo solicitadas.