El alza del SMI de Sánchez: factor clave de la destrucción de 129.000 empleos en cuatro sectores

La subida del salario mínimo interprofesional que aprobó de manera unilateral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dañando especialmente a los colectivos más vulnerables, a aquellos empleados que menos cobran del mercado laboral. En vez de provocar una mejora de las condiciones laborales, el alza del SMI está llevando a destruir empleo en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico y la agricultura.

Concretamente estos cuatro sectores han destruido 129.000 puestos de trabajo si se compara la ocupación del tercer trimestre de 2019 y la de julio y septiembre de 2018.

La evolución anual de los datos del desempleo del tercer trimestre de 2019 es mucho peor que la que se produjo un año antes, según las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó este jueves el INE, justo cuando el Gobierno estaba inmerso en la exhumación de Franco.

Entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2018 se han destruido 7.000 empleos en la hostelería mientras que entre julio y septiembre de 2018 y el mismo trimestre de 2017 se crearon 98.800 puestos de trabajo. Es decir, que el empleo se ha reducido un 0,38% en términos interanuales entre julio y septiembre de este ejercicio y creció un 5,65% si se hace la misma comparativa en 2018. Hay 1,8 millones de trabajadores en el sector de la hostelería, lo que lo hace imprescindible para garantizar una buena salud del mercado laboral. Ni siquiera la temporada de verano ha logrado evitar estos malos datos.

Por otro lado, el comercio al por menor ha destruido 44.900 puestos de trabajo entre julio y septiembre de 2019 y el mismo trimestre de 2018, a pesar de que es un momento en el que se celebran rebajas de verano. Un año antes, en cambio, se crearon 14.000 puestos de trabajo en una rama de actividad que emplea a 1,94 millones de personas en el país.

A esto se suman otros dos sectores con salarios muy bajos, y que se han visto afectados de lleno por la única medida importante (además de la introducción del registro horario) que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez en el mercado laboral, a pesar de que prometió por activa y por pasiva que iba a eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Son la «agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» y el «servicio doméstico».

En la agricultura se ha producido una caída de la ocupación del 2,89% interanual en el tercer trimestre. En un año se han destruido 22.200 puestos de trabajo en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca frente a los 8.600 que desaparecieron entre 2018 y 2017. Es decir, que casi se ha destruido más del doble de empleos este año tras la aprobación del SMI por Sánchez y su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Hay 746.200 personas que se dedican al sector primario en España.

En la rama de actividad que el INE define como “actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico” la destrucción de empleo en el tercer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018 ha sido mucho mayor: se han destruido 54.900 puestos de trabajo de personal doméstico frente a los 12.800 de un año antes. La caída es del 8,78% interanual este año y ya solo hay 570.600 empleados del hogar en España, frente a los 625.500 que había un año antes.

El alza del salario mínimo profesional se saltó el diálogo social. De hecho, los sindicatos habían pactado con la patronal un alza en 2019 que el Gobierno finalmente quiso incrementar de forma unilateral a pocos meses de las últimas elecciones generales.

El 1 de enero de 2019 se hizo efectivo el incremento del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que se traduce en un ascenso a 900 euros mensuales. Fue el mayor aumento del SMI desde 1977 y los expertos avisaron que en la segunda mitad del año se notarían los efectos más perjudiciales sobre el empleo.

A pesar de los malos datos, el PSOE ha prometido que seguirá incrementando el SMI hasta los 1.200 euros, lo que según los empresarios podría provocar el cierre de pequeñas y medianas empresas y la destrucción de más puestos de trabajo, convirtiendo una medida que inicialmente parecía buena para mejorar las condiciones de los trabajadores en una herramienta destructora del mercado laboral.