Ada Colau, en pie de guerra contra la economía colaborativa

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto multas por 60.000 euros a cada compañía a Airbnb y Homeaway, que permiten alquilar viviendas entre particulares. Por otra parte, quiere defender al sector del taxi frente la competencia que suponen los vehículos con conductor que funcionan bajo licencia de forma legal y son accesibles a través de aplicaciones como Cabify.

Airbnb y Homeaway han sido castigadas por el consistorio de Ada Colau con una doble multa cada una. Por una parte se les ha impuesto una sanción de 30.000 euros por por publicitar viviendas sin el número de Registro de Turismo de Catalunya, y con otros 30.000 por no responder a los requerimientos de la administración para que facilitara datos de los pisos sin licencia.

Desde que Colau llegara al Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en la gran defensora de los intereses de los hoteles ya existentes en la ciudad frente a cualquier tipo de competencia. Por una parte frenó la apertura de nuevos establecimientos de este tipo mediante una moratoria a nuevas licencias. Su cruzada es tal que ha llegado a paralizar la construcción de dos residencias de estudiantes y de un hotel de lujo que hubiera generado 400 puestos de trabajo.

Pero no sólo estaban en su punto de mira los hoteles, también los particulares que alquilaban viviendas por periodos de tiempo breves. Estos suelen ofrecerse a través de plataformas online como las ahora sancionadas. Al imponerse multas sobre ellas se las presiona para que dejen de incluir a la Ciudad Condal.

Por otra parte, al reunirse con la denominada “Plataforma contra el Intrusismo”, se ha comprometido a estudiar la creación de una “Policía del taxi”. Se trataría de una unidad de la Guardia Urbana destinada a perseguir a lo que se considera competencia ilegal en el sector. Tienen en su punto de mira a los taxis de fuera del Área Metropolitana de Barcelona que admiten clientes en la misma, pero también a los coches que operan con una licencia VTC (autorización de arrendamiento de vehículo con conductor). Muchos de ellos están asociados a Cabify, una aplicación de móvil que permite contratar en el acto sus servicios.

La policía del taxi les reclamaría la hoja de ruta, justo cuando la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra una normativa madrileña que obliga a estos vehículos a llevar la citada hora de ruta. Los coches con la licencia VTC son legales pero con algunas diferencias con respecto a los taxis. A diferencia de estos últimos no pueden recoger a pasajeros en la calle, sino que tienen que tener una base desde la que parten para buscar a sus clientes. La ley permite un máximo de una VTC por cada 30 licencias de taxi en una ciudad.

Precisamente un cambio que quiere imponer Colau en Barcelona acercaría ambos tipos de licencia, pero para parecerse más a la VTC que al contrario. La alcaldesa quiere que los taxistas barceloneses no puedan circular en busca de clientes sino que tengan que mantenerse a la espera en alguna de las numerosas microparadas (con capacidad para cuatro o cinco coches) que quiere crear en toda la ciudad.