Los accionistas mayoritarios de BPA denuncian ante Draghi el acuerdo monetario entre Andorra y la UE

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su nacionalización, la familia Cierco, ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) la deficiente transposición de la directiva comunitaria que dio lugar a la ley en virtud de la cual se está llevando a cabo el proceso de resolución de la entidad bancaria.

En el escrito enviado a la representación del BCE se le pide que estudie el asunto y, si lo cree oportuno, «someta un posible caso de incumplimiento del Acuerdo Monetario por parte del Principado de Andorra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

La familia Cierco y sus representantes legales, especialistas en derecho económico y comunitario, consideran que el hecho de haber llevado a cabo una transposición parcial de la directiva sobre reestructuración y resolución de entidades financieras –la propia exposición de motivos de la «denominada Ley BPA» o «Ley del AREB» reconoce que se trata de una traslación de carácter parcial de la normativa europea– conlleva automáticamente no respetar el acuerdo suscrito por Andorra con la UE en materia monetaria.

En consecuencia, se están incumpliendo los compromisos internacionales y, al mismo tiempo, se está causando un perjuicio de gran magnitud a los socios, todos, del banco ahora en proceso de resolución, en virtud de una ley que no recoge las garantías para los afectados que sí prevé la directiva comunitaria.

La comunicación hecha al BCE –en la que se anexa la demanda de casi setenta páginas que entre los días 29 de diciembre y 2 de enero se elevó oportunamente a la Comisión Europea– tiene su razón de ser en el hecho de que dicho alto organismo de control bancario europeo forma parte del comité mixto previsto en el Acuerdo Monetario firmado entre el Principado de Andorra y la UE.

Con esta comunicación al BCE, todos los miembros del comité mixto están debidamente informados de la acción llevada a cabo. Este comité mixto vela por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese acuerdo, entre ellas la necesidad de transponer debidamente la normativa europea.

«Y no hay ninguna duda de que la directiva respecto a la reestructuración de entidades bancarias es una de dichas obligaciones, igual como no hay ninguna duda de que aquella traslación Andorra la hizo de forma discrecional e incluso arbitraria, dejando al margen preceptos que aseguraban el derecho de defensa de los accionistas de las empresas financieras y añadiendo elementos no contemplados por Europa y que causan perjuicios claros, en este caso, a los accionistas mayoritarios de BPA», señala la familia Cierco.