El letrado de Mazón desmonta todas las acusaciones de la juez de la DANA y aboca el caso al archivo

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 01/09/2026 18:24
  • Actualizado: 01/09/2026 20:12

Ignacio Gally, abogado personado en la causa de la DANA de Valencia en representación del ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha presentado ante la instructora del procedimiento, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en que esencialmente desmonta todas las acusaciones de la magistrada. Lo que el letrado de Carlos Mazón solicita es que, si las actuaciones continúan pudiendo afectar penalmente a su defendido, este tiene derecho a conocer por qué concreto hecho activo. Y que, en caso de que no exista, no puede mantenerse «una investigación personal prospectiva a la espera de encontrarla».

En su parte final, Ignacio Gally suplica a la magistrada que le concrete si a la vista del estado actual de las diligencias previas que Ruiz Tobarra lleva a efecto subsiste algún «hecho positivo o acción» atribuible a su representado y distinto a las hipótesis que desarrolla a lo largo de 66 folios, «así como algún indicio o línea de investigación abierta o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad», para que, si es así, la defensa pueda conocerlas y proponer diligencias de investigación y pruebas de descargo. Y para que haga constar, también, si no existe ningún hecho, acción, indicio o línea de investigación de naturaleza activa que pueda afectarle penalmente.

El escrito de Ignacio Gally, en contra del mensaje que ha comenzado a mover la izquierda a lo largo de la tarde de este miércoles, no afecta ni perjudica a ninguno de los otros investigados en la causa, según han reconocido a OKDIARIO fuentes próximas al caso. 

Pero sí es trascendente por cuanto, a lo largo del mismo, el letrado desmonta las dos vías concretas con que se ha pretendido construir, tal como el propio Ignacio Gally explica, una hipotética responsabilidad por acción del ex presidente de la Generalitat.

En concreto, la de una supuesta intervención directa en la determinación o modificación del mensaje masivo enviado a la población, el llamado Es-Alert. Y de otra, la de una eventual intervención, en este caso indirecta, a través de las comunicaciones mantenidas entre José Manuel Cuenca y la ex consellera, Salomé Pradas, en el proceso que desembocó en el envío del Es-Alert antes citado.

Recuerda Ignacio Gally que el punto de partida no admite retroceso, por cuanto la responsabilidad por omisión de Carlos Mazón ya ha sido descartada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Ignacio Gally sostiene que no existe indicio de una intervención directa de Carlos Mazón en la decisión sobre el contenido, en la redacción del mensaje o en la supresión, modificación o determinación de sus instrucciones. Y que, en consecuencia, la primera de las hipótesis queda descartada por carecer de soporte fáctico tras las diligencias practicadas.

No fue una instrucción

Desmonta también Ignacio Gally la supuesta intervención de Carlos Mazón a través de José Manuel Cuenca. Recuerda para ello que Salomé Pradas ha negado que aquellos mensajes determinaran su actuación. Y que el origen «declarado» de los mensajes de José Manuel Cuenca «no fue» una instrucción de Carlos Mazón.

Recuerda además Ignacio Gally que de la hipótesis sobre José Manuel Cuenca no se puede saltar a la responsabilidad de Carlos Mazón. Explica a este respecto que José Manuel Cuenca relacionó sus comentarios con una conversación mantenida con Cayetano García. Y este último reconoció en sede judicial la existencia de esa conversación. «Por tanto», concluye el letrado, «la propia persona a la que se atribuye la hipotética intermediación ofrece un origen concreto de sus opiniones distinto de una instrucción de Carlos Mazón».

El letrado recuerda también a la juez que, aun aceptando hipotéticamente toda la construcción anterior, falta el nexo causal con los resultados mortales y que la eventual responsabilidad penal por los resultados exige una relación causal concreta, precisa e individualizada entre el eventual retraso del mismo mensaje y cada fallecimiento que se pretenda atribuir.