Todas las consellerias del Govern de Prohens aplicarán la ‘declaración responsable’ para reducir papeleo a los baleares

El conseller de Hacienda del Govern de Marga Prohens, Antoni Costa, instó por escrito este lunes a todas las consellerias del Govern balear a empezar a aplicar la simplificación administrativa contemplada en la ley ómnibus que se aprobó recientemente en el Parlament y que ya está en vigor tras su publicación en el BOIB. Coge todo el protagonismo la ‘declaración responsable’ con la que se acelerará cualquier trámite gracias a la colaboración de entidades que serán habilitadas para tal fin. Costa ha puesto un ejemplo de las que pueden ser ‘entidades habilitadas’: los colegios profesionales.

Más de la mitad de los ciudadanos de Baleares (56%) considera que simplificar los formularios ayudaría a facilitar los trámites administrativos, según la Encuesta de Simplificación Administrativa del Govern.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado que algunas de las medidas señaladas por los encuestados para agilizar las gestiones con la administración son una mayor claridad en las instrucciones de los trámites (49%), una atención más personalizada (45%) y una reducción de la documentación requerida (43%).

Las principales dificultades detectadas por los ciudadanos son que el 45% señala el exceso de documentos requeridos como uno de los principales problemas al realizar trámites administrativos, mientras que el 44% apunta a la complejidad de los formularios y el 43%, a la falta de información clara.

Por otra parte, el estudio, realizado por la Dirección General de Economía y Estadística del Govern, destaca que la población ve como problemas las dificultades para conseguir cita (39%), los largos tiempos de espera (37%) y los problemas técnicos en las páginas web (33%).

Asimismo, Costa ha señalado que dos de cada tres residentes consideran que las administraciones solicitan demasiada documentación, ya sea «a veces» (37%) o «a menudo» (30%). El porcentaje de quienes creen que esto ocurre «a menudo» supera en nueve puntos al de quienes opinan que sucede «casi nunca».

La encuesta también refleja que más de cuatro de cada diez ciudadanos está satisfecho con los trámites administrativos, el doble que los que se muestran insatisfechos, y otorga una nota media de seis sobre diez al funcionamiento de las administraciones en materia de simplificación.

En este sentido, los ayuntamientos son los mejor valorados, con una puntuación media de 6,11, por delante de los consells (6,08), el Govern (6,04) y el Gobierno central (5,75). Además, el 40% de los encuestados considera razonable o muy razonable los plazos de resolución de los trámites municipales.

El estudio se ha realizado a partir de 28 preguntas a 1.689 residentes de Baleares, de los que 652 corresponden a Palma, 519 a la Part Forana de Mallorca, 257 a Menorca y 261 a Ibiza y Formentera.

Menorca, la más crítica con la Administración

La encuesta sitúa Menorca como la isla con la valoración más baja del funcionamiento administrativo, con una nota media de 5,54 sobre 10. Además, el 50% de los menorquines ha considerado «largos o muy largos» los plazos de resolución de los trámites, el porcentaje más elevado del archipiélago.

Durante la presentación, Costa ha señalado que los ciudadanos de Menorca son «más exigentes» con las administraciones públicas y ha apuntado que, en algunos casos, llegan incluso a suspender la gestión de determinadas instituciones.

Reducir la documentación

Durante la presentación del estudio, el vicepresidente ha defendido la necesidad de reducir la documentación exigida en los procedimientos administrativos y evitar que los ciudadanos tengan que aportar documentos que ya obran en poder de la administración.

En este sentido, ha asegurado que este mismo lunes instó al resto de consellerias a comenzar a aplicar las medidas de simplificación administrativa, entre ellas la declaración responsable. «Los ciudadanos tienen derecho a no presentar un documento con el que ya cuenta la administración», afirmó.

Costa ha precisado, no obstante, que cada Conselleria determinará el ritmo de implantación de los nuevos procedimientos y del resto de medidas previstas. Según ha sostenido, estas actuaciones permitirán mejorar la eficiencia de la administración, la prestación de servicios públicos y la productividad.