Policías locales de Pollença, contra su alcalde: les exige que devuelvan hasta 60.000 euros de su sueldo

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 29/04/2026 15:25
  • Actualizado: 29/04/2026 15:25

La Policía Local de Pollença, en Mallorca, está en pie de guerra contra su alcalde, el socialista Martí March, ex conseller de Educación del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol. La plantilla atraviesa una situación de creciente tensión interna tras la revisión de varios conceptos retributivos por parte de la Intervención municipal, un expediente que podría derivar en la intervención del Tribunal de Cuentas y en eventuales reclamaciones económicas a la plantilla.

Según fuentes próximas al caso, el origen del conflicto se encuentra en la forma en la que se han venido abonando complementos como nocturnidad, festivos, fines de semana y productividad, que habrían sido incluidos en nómina mediante criterios que ahora están siendo objeto de revisión técnica y contable. Es decir, un fallo administrativo por parte del funcionariado dirigido por el socialista Martí March.

El procedimiento, iniciado en septiembre de 2024, afecta a la totalidad de los agentes, al tratarse de un modelo generalizado de gestión de estos conceptos dentro del cuerpo policial. La principal preocupación entre los trabajadores es la posibilidad de que, si el Tribunal de Cuentas avala los reparos planteados, se puedan reclamar cantidades ya percibidas por servicios efectivamente realizados en ejercicios anteriores.

En algunos casos, según estimaciones trasladadas por el entorno sindical, las posibles reclamaciones podrían alcanzar cifras que rondarían hasta los 60.000 euros por agente, en función de la trayectoria profesional, los servicios extraordinarios realizados y los importes acumulados durante varios años.

Desde la plantilla policial se subraya que los trabajos fueron efectivamente prestados y que la situación deriva de un sistema de gestión administrativa de las nóminas ajeno a los agentes, por lo que reclaman una solución que permita regularizar los pagos sin trasladar consecuencias económicas a los trabajadores.

«Lo que no es normal es que, tras haber realizado el trabajo de forma correcta, profesional y seria, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos ahora en una situación límite provocada por otro, pero cuyas consecuencias tenemos que pagar -literalmente- toda la plantilla policial», comenta uno de los agentes afectados.

El malestar ha derivado en el estudio de distintas medidas de presión, entre ellas la renuncia a la realización de horas extraordinarias, la asistencia conjunta al próximo pleno municipal y la organización de acciones simbólicas para visibilizar el conflicto. El Ayuntamiento no ha ofrecido por el momento una valoración pública detallada sobre el alcance del procedimiento, que continúa en fase de análisis.

La situación abre un nuevo frente en la gestión administrativa local en relación con el control de complementos salariales en servicios esenciales como la seguridad ciudadana.