Un policía local declara que hubo irregularidades en la instrucción judicial del ‘caso Cursach’

El agente de la Policía Local Nicanor Góngora ha declarado este miércoles, durante el juicio por el caso Cursach en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, que hubo irregularidades en la instrucción judicial del caso Cursach y ha subrayado que ha vivido «una película de terror».

En su declaración ante el Tribunal, Góngora ha afirmado que «siempre» iba vestido con chándal porque pensaba que «lo metían en la cárcel». Aparte de resaltar que engordó más de 50 kilos por ansiedad, el procesado ha asegurado que todas las declaraciones realizadas ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son «falsas». «Subirán era el que dictaba mi declaración con la inactividad del juez», informa Europa Press.

Antes que este policía local, ha declarado el subinspector del Grupo de Acción Preventiva (GAP) Carlos Tomás, quien ha afirmado que sí conoce a testigos del Ministerio Fiscal que declararán en la vista oral, que son policías locales y trabajaban como seguridad privada. Tomás ha declarado en primer lugar ante el Tribunal después de que la Fiscalía le pida seis años y medio de cárcel por delitos de cohecho pasivo continuado y coacciones.

De este modo, el policía local ha subrayado que al menos cinco agentes del GAP compaginaban sus trabajos como policías con labores de seguridad en algunos locales del grupo Cursach a pesar de estar prohibido «taxativamente» por órdenes de la Policía Local.

Igualmente, ante preguntas del Ministerio Fiscal, ha subrayado que en el GAP solían trabajar en grupo y, «como mucho» eran unos 12 agentes en la actuación de un local nocturno, «no más de 40».

A continuación, la abogada de su defensa, Rosario Molina, ha pedido introducir una prueba sobre un local, que cambió de gestor antes de 2005. Sin embargo, el Tribunal ha anunciado que no la acepta a la espera que de que declare el testigo al que se refiere en el documento. El Ministerio Fiscal se ha opuesto a su admisión.

Seguidamente, Tomás ha rehusado que contratase a un policía local como empleado de seguridad en un local por 45 euros, cuando en el GAP se ganaba 50 euros la hora, consiguiendo así hasta 500 euros por toda una noche de trabajo con horas extraordinarias incluidas.

Antes de esta declaración, la abogada Teresa Bueyes, acusación particular en el juicio que se celebra en la Sección Primra de la Audiencia Provincial de Palma, ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra el fiscal del caso, Juan Carrau, después de que la magistrada titular del Tribunal, Samantha Romero, ha asegurado a la letrada que no va tolerar «ningún tipo de espectáculo».

Así de firme se ha expresado durante el juicio después de que los abogados de la defensa, en bloque, hayan manifestado protesta por una publicación realizada por la letrada en su Instagram personal en el que salen retratados y expresa que algunos deberían estar en el banquillo de los acusados.

Seguidamente, el Ministerio Fiscal ha recalcado que la letrada, con esta publicación, ha cometido dos infracciones disciplinarias. La primera es que se ha tomado imágenes sin la autorización del Tribunal y, la segunda, los comentarios son «vejatorios e injuriosos».