El transporte público en Baleares será gratuito todo el 2025
El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, afirma que es «una muestra más del importante esfuerzo" que realiza el Gobierno
Para el Govern "no es de recibo no contar con información oficial del Gobierno"
Baleares exige más financiación porque los 43 millones no cubren la gratuidad
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prorrogará finalmente durante todo el año 2025 la subvención a la comunidad autónoma para que pueda hacer efectiva la gratuidad del transporte público terrestre en Baleares para las personas usuarias del servicio de tren y de bus.
Según ha trasladado la Delegación del Gobierno en las Islas a través de un comunicado, el Gobierno mantiene la ayuda que, con carácter excepcional, destina desde 2023 a los dos archipiélagos en reconocimiento a la insularidad. La medida se aprobará previsiblemente el próximo lunes en Consejo de Ministros.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado este viernes que esta es «una muestra más del importante esfuerzo, el mayor de la historia, que este Gobierno está realizando durante la actual legislatura para apoyar el transporte público». En concreto, según el Ministerio de Transportes, la inversión estatal en ayudas a este ámbito se ha multiplicado por cuatro desde 2018.
Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, ha lamentado conocer esta información a través de la prensa. «No es serio ni de recibo no contar con información oficial del Gobierno», ha criticado en un mensaje en la red social X.
Precisamente, este jueves el conseller balear ha informado, en rueda de prensa, que desde su Conselleria se había reiterado la petición de prorrogar y aumentar la ayuda estatal para la gratuidad del transporte publico para el próximo año.
Críticas del Govern balear
El conseller ha arremetido contra el Ejecutivo central por no haber informado «a estas alturas del año» y ha subrayado la necesidad de aumentar la financiación en este sentido, pues los 43 millones de euros recibidos en 2023 y en 2024 han sido «totalmente insuficientes».
En declaraciones en el Congreso, Ione Belarra ha expresado su satisfacción por un acuerdo cerrado con el Gobierno instantes antes de la votación en el Congreso, con el que salva la ley promovida por el Ministerio de Justicia.
Específicamente, ha asegurado que el Gobierno mantendrá un año más la imposibilidad de desahucios por impago de alquiler y otras casuísticas incluidas en el escudo social, además de lograr que se prorrogue las ayudas al transporte «en exactamente las mismas condiciones en las que se encuentran en este momento».
Aparte, han consensuado suprimir el contenido de la enmienda del PNV en la Ley de Eficiencia Judicial para agilizar desahucios por okupación, que salió adelante por error de ERC y Podemos.
Cuestionada sobre si cree que será posible la convalidación del decreto del escudo social con PNV y Junts cuando llegue al Congreso, Belarra ha explicado que está convencida, dado que no concibe que medidas ya avaladas anteriormente sean rechazadas por el bloque de investidura.
Fuentes moradas han explicado que esta negociación ha sido muy dura y que la han protagonizado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la número dos de Podemos y eurodiputada, Irene Montero.
A su vez, exponen que los socialistas se han mostrado insistentes en que Podemos diera sus votos para levantar el veto del Senado, pese a que no era determinante dado que el reglamento recoge que la ley judicial volvía en dos meses al Congreso y bastaba entonces mayoría simple para aprobarla.
No obstante, en las filas de Podemos creen que el Ejecutivo no quería mostrar más debilidad parlamentaria y al final han conseguido la promesa de estas dos medidas esenciales para la formación.
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