Nueva condena millonaria al Govern de Armengol por sus caprichos en la recalificación de terrenos

Nuevo mazazo judicial para el Govern balear de la socialista Francina Armengol por frenar urbanizaciones autorizadas, esta vez en Benirràs, en la isla de Ibiza.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha emitido una sentencia que refleja que ni el Consell de Ibiza ni el Ayuntamiento de Sant Joan tienen responsabilidad en la desclasificación y anulación de licencias urbanísticas en Benirràs, por la que los propietarios afectados reclaman más de 170 millones de euros, según ha informado el Consell.

Los magistrados afirman que la argumentación del Ejecutivo autonómico, que intentó responsabilizar a la institución insular y al consistorio santjoaner por los efectos que la Ley de Urbanismo de Baleares de 2017 tuvo sobre los terrenos de los demandantes, no se sostiene y advierte de que «la responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la imposible materialización de los derechos de los propietarios resulta incuestionable».

El Consell de Ibiza asegura que con esta sentencia, sobre la que cabe recurso, «el TSJB ha tumbado las aspiraciones del Govern, que pretendía que Sant Joan abonara unas indemnizaciones equivalentes a 14 veces su presupuesto anual» y en el caso de la institución que preside Vicent Marí, «se enfrentaría a una sanción de hasta el 150% de su presupuesto».

Por tanto, el Alto Tribunal no acepta que la responsabilidad sobre la no efectividad de las licencias, que fueron otorgadas conforme al planeamiento vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2008 de 14 de mayo, concedidas en relación a suelo urbano que tenía condición de solar y que no existía razón alguna para negar su efectividad o declarar su caducidad, recaiga en el Ayuntamiento de Sant Joan o en el Consell.

La institución insular recuerda la obligatoriedad del Govern de Francina Armengol de calcular cuál es la deuda legítima que ahora tiene con los afectados por la desclasificación de estos terrenos en Benirràs.

63 millones por desclasificar Muleta en Sóller

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia se suma a que se conoció el 1 de febrero donde la Sala Contenciosa Administrativa condenó al Govern a pagar 63 millones de euros por la desclasificación de los terrenos de Muleta, en el municipio de Sóller. El TSJB sentenció entonces que el Govern había incumplido el acuerdo con la entidad Birdie Son Vida, propiedad del empresario alemán Matthias Kühn.

La entidad Birdie Son Vida presentó en 2020 ante la Sala un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Govern, a consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, que determinó la desclasificación de la urbanización Muleta II de Sóller, que pasó a ser suelo rústico protegido.

La Sala Contenciosa Administrativa condenó al Govern por incumplir un acuerdo transaccional con la entidad Birdie Son Vida en el que reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller. Estimó el incidente de imposibilidad de ejecución promovido por la entidad Birdie Son Vida contra el Ejecutivo balear por incumplir este acuerdo.

Ley de medidas urgentes aprobada por Antich

La Administración balear se enfrenta al pago de indemnizaciones millonarias por la paralización de los proyectos urbanísticos en aplicación de la ley de medidas urgentes aprobada por el anterior Pacte que presidía el socialista Francesc Antich. Es la denominada ley 4/2008 que supuso la desclasificación de muchos terrenos urbanizables cuyos propietarios presentaron en su momento unas demandas judiciales que ahora los tribunales empiezan a resolver. 

Pendiente de resolución está la acusación de la Asociación de Afectados por la Ley 4/2008, que denunció diversas irregularidades y casos de favoritismo en la protección de los terrenos de El Vilà de Pollença, ubicados a escasos kilómetros del Puerto. Esta asociación asegura que el Govern ideó la ley de medidas urgentes no para proteger el territorio sino para favorecer a ciertos promotores en perjuicio de otros.

Según la Asociación de Afectados, la explosión de la burbuja del ladrillo en 2007 provocó que el mercado inmobiliario se encontrara con un excedente de oferta y la única fórmula posible para que los precios no se desplomaran era reducirla. La Asociación de Afectados por la Ley 4/2008 ha presentado diversas demandas judiciales, algunas de ellas ya resueltas y otras pendientes de recurso.

En Pollença, aparte del tema de Es Vilà, hay otro caso paradigmático como es Cala Carbó, donde hay pendiente de resolución demandas por la protección de la zona. El TSJB ya condenó a pagar 5,6 millones de euros a propietarios de varias parcelas de Cala Carbó.