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Más del 26% de las mujeres prostituidas en Palma en 2023 era víctima de trata

Un informe del Ayuntamiento de Palma explica que el perfil es "tres años más joven" que el de la prostitución

El Consistorio aboga por "continuar haciendo un trabajo de atención en los espacios y entornos de prostitución"

Lourdes Roca, segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, ha presentado este viernes el informe Identificación de casos de tráfico con fines de explotación sexual, que corresponde al ejercicio 2023.

Ha sido elaborado por la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Palma y se presenta con motivo de la celebración, el próximo lunes, del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de personas. La concejal Roca ha iniciado su intervención «condenando enérgicamente» esta lacra social y reafirmando el «firme compromiso» del equipo de gobierno municipal «en la lucha para erradicarla».

El análisis comparativo y evolutivo del informe muestra una dinámica sostenida de aumento en la proporción de casos de tráfico de personas con fines de explotación sexual (TFES) que desde el Ayuntamiento se contabilizan. De acuerdo con los criterios estandarizados, en 2023, en Palma, las situaciones de TFES afectaron, al menos, al 26% de las personas actualmente prostituidas, lo que supone cuatro puntos porcentuales más que el año anterior.

En cifras absolutas, teniendo en cuenta el número de personas en situación de prostitución en la capital balear el año pasado (cerca de 1.390), se estima que hay 361 víctimas de tráfico, aproximadamente 40 más. Cabe recordar que los casos analizados hacen referencia únicamente a las situaciones actuales de tráfico y no a situaciones pasadas o referidas a la forma de entrada a la prostitución.

En cuanto a las intervenciones realizadas por parte del consistorio con las
víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, cabe resaltar que la
proporción de casos que piden y reciben atención en el ámbito jurídico duplica la observada en el conjunto de personas prostituidas. Asimismo, resalta la proporción de víctimas que participan en actividades formativo-laborales.

Teniendo también en cuenta el perfil sociodemográfico de las víctimas, el informe revela que el tráfico, igual que la prostitución, es una problemática
feminizada, pues el 98,4%  de las víctimas contabilizadas en Palma son mujeres.

Además, las víctimas de TFES tienen un perfil de edad más joven que el que, en general, presentan las personas en prostitución. En 2023, la edad media de las víctimas fue de 34,6 años, tres años más jóvenes que el conjunto de las personas prostituidas.

Por otro lado, el informe desprende que el 97%de las personas en
situación de tráfico tienen nacionalidad extranjera. Respecto a la situación de las víctimas TFES, dos de cada tres está en situación irregular, es decir, no tienen permiso de residencia en el país, y un 19 por ciento no tiene tarjeta sanitaria. En general, presentan un nivel educativo más bajo que el observado entre las personas en prostitución. Pese a ello, prácticamente seis de cada diez tiene estudios secundarios, aunque la mayoría no los tienen homologados.

En cuanto a los entornos donde son explotadas, se evidencia una preponderancia de los contextos cerrados y deslocalizados. Prácticamente seis de cada diez víctimas son explotadas en una vivienda particular; el 19 por ciento en la calle; el 12 por ciento se ve obligada a realizar servicios con
desplazamiento, y un 9 por ciento está en un club.

Sobre la situación habitacional de las víctimas, generalmente viven en una habitación alquilada compartiendo espacio residencial con otras personas o en una casa prostíbulo. Y prácticamente cuatro de cada diez viven en el mismo lugar en el que son explotadas, lo que evidencia la falta de privacidad y la mayor vulnerabilidad del colectivo.

Cabe destacar también que dos de cada tres víctimas de tráfico con fines de
explotación sexual tienen responsabilidades familiares. En esta línea, el informe señala que más de la mitad tienen dos o más personas a su cargo, unas circunstancias que condicionan muchas veces los procesos de identificación y denuncia por el miedo y las amenazas dirigidas a sus familiares.