La izquierda quiere reprobar en el pleno al alcalde de Palma por desalojar a los 80 okupas de la antigua prisión

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 18/06/2026 04:15
  • Actualizado: 18/06/2026 04:15

La izquierda quiere reprobar por enésima vez al alcalde de Palma, Jaime Martínez: esta vez por desalojar a los 80 okupas de la antigua prisión y haber celebrado públicamente hacerlo, afirmando que «hoy es un día importante, la cárcel está vacía», ignorando con ello a su juicio «la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas y la falta de alternativas habitacionales, proyectando una imagen de falta de empatía y de responsabilidad institucional frente a una problemática social de primer orden».

Tras ponerse a favor de los más de 200 okupas que llegaron a alojarse allí y a los que las dos pasadas legislaturas gobernando la izquierda en Palma permitieron la okupación de este abandonado y degradado inmueble municipal convertido en un foco de inmundicia, una vez culminado con éxito su desalojo la semana pasada, PSOE, separatistas de Més y Podemos instarán en el pleno a reprobar al alcalde.

Aunque al estar en minoría no podrán lograrlo (Vox tendría que abstenerse o votar a favor), condenarán la actuación del equipo de gobierno municipal por haber impulsado el desalojo de la antigua prisión de Palma «sin alternativa habitacional alguna para las personas afectadas, a través de un procedimiento expreso que no respetó las garantías necesarias, y únicamente ofreciendo contenedores por 48 horas como solución».

Los tres portavoces de la oposición (el socialista Xisco Dalmau, la separatista Neus Truyol y la podemita, Lucía Muñoz) ninguno de los cuales será cabeza de cartel en las elecciones municipales de 2027, han optado por ignorar que el desalojo sin incidentes de los okupas se fundamentó en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias.

Todos ellos alertaron de un «riesgo real, grave y actual» para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial que lo autorizó advirtió de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Además, el Servicio contra Incendios y Salvamento y los servicios sanitarios, alertó del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación existentes en las instalaciones, circunstancias que suponían un riesgo real para la seguridad y la integridad física de sus ocupantes.

Pero lanzados por la ladera de la demagogia, las tres formaciones en su moción de reprobación indican que desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno encabezado por Jaime Martínez ha impulsado “medidas orientadas a la persecución de las formas más visibles de la pobreza y la exclusión residencial” como denominan a los okupas.

Por ello lamentan la aprobación de una exitosa Ordenanza Cívica, de la que aseguran «sólo establece e incorpora sanciones contra conductas vinculadas a la supervivencia de las personas más vulnerables», más allá por tanto que las acciones que comentan sean o no delictivas.