El informe pericial confirma que la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes falsificó un documento

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Delegado de OKDIARIO en Baleares y redactor de política y temas de investigación. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 05/12/2022 06:45
  • Actualizado: 05/12/2022 09:51

El informe pericial que ha sido entregado al juez que investiga el caso Varadero confirma que la Conselleria del ex juez de Podemos, y vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, falsificó un documento público con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico afines al  pacto de izquierdas que gobierna en las Islas.  El informe de la empresa especializada Indalics Peritos Informáticos concluye que un documento del Govern fue manipulado para simular que se había elaborado y firmado el 27 de julio de 2020 cuando en realidad se creó y firmó el 10 de septiembre del mismo año.

El informe pericial contradice las diversas declaraciones del vicepresidente de Baleares y ex juez Yllanes, en las que ha  insistido que no se cometió ninguna irregularidad. Yllanes ha dicho, incluso en sede parlamentaria, que el caso Varadero desvelado por OKDIARIO no existe y que en ningún caso él se ve afectado por la supuesta trama de corrupción en la que de momento ya hay dos cargos de su Conselleria imputados.

Está imputado Antonio Morro, número 2 de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el vicepresidente Yllanes. Morro, director general de  Industria, ya prestó declaración ante el juez el pasado día 30. También como imputada prestó declaración Teresa Relea, alta funcionaria y jefa de área de los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Yllanes. Próximamente deberá comparecer ante el juez, de momento como testigo, el propio Yllanes, dado que la Fiscalía así lo ha solicitado.

Tanto Antonio Morro como Teresa Relea ofrecieron al juez versiones contradictorias con los hechos  que certifica s demuestra el informe pericial. Sus declaraciones también fueron contradictorias con lo declarado en el juzgado por la secretaria general de la Conselleria de Yllanes, que aseguró que no existe resolución alguna firmadas por Antonio Morro ni el 28 ni el 29 de julio de 2020. Lo cierto es que los documentos ni existían ni se firmaron en julio de 2020 sino que se crearon y firmaron el 10 de septiembre a las 11,24 horas y que fueron modificados a las 13,25 horas, tal como ratifica el informe pericial.

Ahora se espera que el juez llame a declarar, en principio como testigo, al vicepresidente Yllanes. Además, tal y como desveló OKDIARIO el pasado 22 de noviembre, se ha presentado una querella criminal contra el ex juez de Podemos por el caso Varadero. La querella contra Yllanes se presentó también en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y en la misma se le acusa de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia y relacionados con la mencionada falsificación de un documento público.

Lo que se presentó realmente es una ampliación de una primera querella que tramita el mencionado juzgado a raíz de la denuncia presentada por la empresa líder del sector náutico Grupo Fabkina, que a su vez es la principal perjudicada por este caso de corrupción.

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por el Grupo Fabkina. Denunció concretamente posibles delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria del ex juez  Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después, el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.