Horrach justifica las detenciones de la familia de Gijón: «Había indicios de blanqueo, erróneos, pero indicios»
El abogado ha reconocido en el juicio que se tenía que haber indagado más
La defensa de Penalva y Subirán sostiene que la Policía les investigó para salvar a Cursach
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El abogado Pedro Horrach, que ejerce la representación del subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, ha justificado las detenciones y los registros practicados a la familia del ex político Álvaro Gijón en la instrucción del caso ORA en la existencia de indicios de blanqueo. «Había indicios, erróneos, pero indicios», ha admitido.
La sesión de este viernes del juicio contra los antiguos investigadores se ha retomado con el informe del abogado Horrach, que fue interrumpida este jueves a las 20.30 horas tras casi 12 horas de sesión.
El letrado ha insistido en que el reconocimiento de deuda y los traspasos entre sociedades son indicios de blanqueo, aunque las cantidades, como ente caso sean pequeñas. El abogado ha reconocido que se tenía que haber indagado más. También ha insistido en que los agentes que detuvieron e incautaron su teléfono mintieron.
«¿Que no era estrictamente necesaria la detención de los padres del señor Gijón? No. Como tampoco lo fue la de mi representado», ha señalado, antes de reconocer que la incriminación de los familiares de Álvaro Gijón derivaron de una confianza «ciega y absurda» en la declaración del testigo protegido 19, que apuntaba a la existencia de un piso como pago por el amaño del concurso.
Por otra parte, Horrach ha seguido argumentando la petición de absolución para su representado rechazando los delitos que se le imputan. En relación a las presiones a detenidos y al delito de obstrucción a la justicia, el letrado ha recordado algunos episodios expuestos en la vista oral como los relativos a Miguel Ángel Femenía y a Antoni Roig.
El primero reconoció que no fue intimidado, ha explicado Horrach, mientras que al segundo, Blanco le sacaba del calabozo, le invitaba a café y a fumar. «Esa fue la gran tortura», ha apuntado. El representante del subinspector ha reconocido que se pudo extralimitar en hablar a solas con el detenido, extremo que sería una actitud reprochable desde el punto de vista administrativo, pero nunca penal.
Por su parte, el abogado de la inspectora Blanca Ruiz, Juan Ignacio Fuster-Fabra, ha pedido al tribunal que su sentencia, que ha reclamado absolutaria, se base en «prueba, prueba y prueba» y en los principios del derecho «alejados del odio expuesto en la vista oral porque están en juego 100 años de prisión». Ha apuntado, por otra parte, en varias ocasiones la «escasa» participación en la investigación de la ORA.
Fuster-Fabra ha indicado que asumió el caso porque vio en Ruiz y en el resto de agentes «lealtad a sus mandos, subordinación a la ley
y disciplina por el trabajo bien hecho». Por el contrario, ha valorado la investigación de los agentes Márquez y Palomo como plagada de «percepciones subjetivas e inexactas».
El letrado ha insistido en las irregularidades, igualmente, en la incautación del teléfono de la inspectora, la entrega de las claves y el trasladado del dispositivo a Palma. «No fue precintado de ninguna manera y se rompió la cadena de custodia. Solo querían el móvil, no les importaba la declaración», ha recalcado.
«No hubo libertad en la detención. No hubo entrega de elementos como el teléfono móvil con garantías legales. Hemos llamado a testigos objetivos que presenciaron los hechos y han manifestado que esto fue irregular, que estuvo mal hecho y que así no se hace», ha subrayado y recoge la agencia Europa Press.
«Irregularidades flagrantes»
Fuster-Fabra ha advertido de que durante el juicio se ha invertido el principio y han tenido que ser las defensas las que prueben la inocencia de sus clientes. Sobre las filtraciones, ha insistido en que Ruiz no tenía el teléfono de ningún periodista y que los mismos periodistas que declararon ya negaron que ninguno de los acusados fuera el autor de las filtraciones.
El abogado ha acusado al fiscal Tomás Herranz de llamar a Blanca Ruiz a declarar en el juicio del caso Cursach para tenderle una trampa. «Querían que cayera en una revelación de secreto. Ha sido vilipendiada, agredida y sojuzgada. Ha pasado a ser una apestada», ha indicado. El fiscal ha intervenido al final del informe para aclarar que Ruiz fui citada por Miguel Ángel Subirán.
«Esto seguramente se analizará en las facultades de Derecho, como lo que no debió suceder y lo que no se tenía que haber permitido. Hay tantas irregularidades flagrantes en las investigaciones de Márquez y Palomo que suponen una traición máxima al uniforme que visten. Por ello tengo que darles las gracias a todos ustedes [a los acusados], por su señorío, por saber estar y por aguantar estoicamente los envites injustos de este procedimiento. Espero, deseo y quiero que pronto vuelvan a vestir y lucir con orgullo el uniforme azul. Palma merece funcionarios como ustedes», ha concluido.
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