El Govern abrirá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven para 2024 y 2025

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 03/10/2024 18:17
  • Actualizado: 03/10/2024 18:17

El Govern balear abrirá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven para 2024 y 2025, una vez acordada la ampliación del programa, que había sido reclamada desde el año pasado por el Ejecutivo balear, y que ha quedado hoy desbloqueada. Un acuerdo alcanzado durante la reunión en Madrid de la Conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, y en la que ha participado el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés.

En la conferencia convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha aprobado la distribución de los recursos estatales para financiar el programa Bono Alquiler Joven para el ejercicio 2024. Así, a la espera de su aprobación por parte del Consejo de Ministros en fechas venideras aún por concretar, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ya ha avanzado que puede empezar a preparar la convocatoria de esta línea de ayudas para 2024 y 2025, de cara a su aprobación y publicación durante el primer trimestre del próximo año.

Las Islas Baleares recibirán un total de 4,8 millones de euros para estas ayudas en 2024 en la nueva convocatoria, la misma cuantía anual de la convocatoria anterior 2022-2023, según la distribución territorial comunicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Estas ayudas están destinadas a jóvenes de hasta 35 años titulares de contratos de alquiler mensual de su vivienda permanente y regular. El Govern ya reclamó hace un año al Ministerio la prórroga del Bono Alquiler Joven.

La cuantía de la ayuda es de hasta 250 euros mensuales durante dos años y pueden optar jóvenes con alquileres mensuales de hasta 900 euros en las Baleares, de acuerdo con los requisitos fijados por el Ministerio. De la anterior convocatoria del Bono Alquiler Joven 2022-2023, el Govern de les Illes Balears suma nueve resoluciones de pago por un importe global de 6,5 millones de euros cerca de 1.400 personas beneficiarias (1.379).

Por otro lado, en la reunión, y en el marco del debate sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el Govern ha manifestado, junto con otras comunidades, su «rechazo» al planteamiento de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.  El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su idea de supeditar la financiación estatal en materia de vivienda a la aplicación por parte de las comunidades autónomas de medidas incluidas a la Ley estatal de Vivienda, pese a que se trata de medidas que no son de obligado cumplimiento sino que son potestativas de las comunidades, como es la declaración de zonas tensionadas.

En este sentido, el Govern ha defendido que el Ejecutivo central tiene «la obligación de repartir de forma equitativa» los recursos públicos entre las diferentes comunidades, y ha recordado que no declarar zonas tensionadas no supone «ningún incumplimiento» de la ley, sino que es una decisión potestativa de las comunidades, «y por tanto legal», y que se trata de una medida «intervencionista, de cariz ideológico», tal como han manifestado también otras comunidades.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha valorado la ampliación del Bono Alquiler Joven, como «una medida de ayuda dirigida a los jóvenes que el Govern ya había reclamado desde el año pasado», y ha expresado su «rechazo» a la posibilidad de que el Gobierno central supedite la financiación estatal a las comunidades por la adopción o no de medidas que no son de obligado cumplimiento legal, sino que la propia ley estatal deja en manos de las comunidades.

El conseller de Vivienda siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno, pero como ha advertido en varias ocasiones no tolerará que el Gobierno no respete el margen de autonomía de las comunidades autónomas para aplicar o no las medidas que incluye la ley, ya que «la limitación a los alquileres no es una obligación».