España: demasiados enemigos

En la vida es bueno tener verdaderos amigos y es inevitable tener enemigos. Por eso mismo, conviene procurar no tener demasiados. Pero la realidad es que los enemigos aparecen por diferencias de intereses, por envidias, por choques de carácter o, sencillamente, por la defensa de ideas contrapuestas. En el caso de las naciones, esas diferencias pueden convertirse en amenazas geopolíticas.

España lo sabe bien. Cuando España era un imperio, tuvo al inglés como uno de sus principales adversarios. La pugna entre ambas potencias fue constante durante siglos y se proyectó también sobre la América española. El proceso de independencia de la América hispana contó con el apoyo decisivo de Gran Bretaña, interesada en debilitar el poder español y abrir nuevos mercados a su comercio. El francés, por su parte, ha sido nuestro enemigo en determinados momentos históricos, especialmente cuando sus intereses chocaron frontalmente con los nuestros.

Pero si existe un espacio geográfico desde el que históricamente España ha tenido que mirar con especial atención, es el Magreb y, particularmente, Marruecos. Y aquí conviene recordar algo que a algunos parece incomodar: las relaciones diplomáticas no eliminan los intereses nacionales ni las amenazas geopolíticas.

España puede cooperar con Marruecos, comerciar con Marruecos y mantener relaciones diplomáticas con Marruecos. Pero eso no significa que nuestros intereses estratégicos sean siempre coincidentes. La historia y la geografía están ahí, y ambas aconsejan prudencia.

Lo ocurrido en Ceuta debería haber obligado a España a reflexionar seriamente sobre esta realidad. La entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio está siendo investigada por la Audiencia Nacional. La magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha asumido la investigación y ha apreciado provisionalmente indicios de una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España. La propia resolución judicial señala una «clara e indudable gestión favorecedora» desde territorio marroquí.

Y esto ya no es una opinión política. Es una investigación judicial abierta. Por si España tuviera pocos desafíos exteriores, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber encontrado una curiosa manera de multiplicarlos.

Estados Unidos ha sido durante décadas un aliado fundamental de España dentro de la arquitectura de seguridad occidental. España alberga bases de utilización conjunta y participa en la OTAN, y la relación militar y estratégica entre ambos países es una realidad incuestionable. Las diferencias de Sánchez con Washington en materia de defensa y gasto militar han sido públicas y reiteradas. Y luego está Israel.

España ha adoptado una posición cada vez más enfrentada con el Gobierno israelí en relación con la guerra de Gaza. Se puede discutir legítimamente sobre la política del Gobierno de Israel, sobre Gaza o sobre la cuestión palestina. Pero una cosa es defender los derechos de la población civil palestina y otra muy distinta es presentar a Hamás —una organización terrorista— como interlocutor legítimo o confundir la causa palestina con quienes perpetraron los atentados del 7 de octubre.

Y aquí aparece, además, el caso Pegasus. Los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueron infectados por Pegasus, según confirmó en 2022 el Centro Criptológico Nacional. El Gobierno español atribuyó entonces el ataque a una acción externa e ilícita, mientras que posteriormente distintas investigaciones y fuentes han apuntado a Marruecos como posible responsable. Pero esa atribución no ha quedado establecida judicialmente de manera concluyente.

Precisamente por eso resulta todavía más inquietante que España mantenga con Marruecos una relación en la que, para muchos españoles, las concesiones parecen ir siempre en una sola dirección. Añadido a todo esto, le metemos un dedo en el ojo a Argelia al reconocer la soberanía de Marruecos del Sáhara Occidental, olvidando que aquella tiene una disputa permanente con este último.

Y mientras tanto, dentro de España tenemos nuestros propios problemas. El separatismo vasco y catalán continúa cuestionando la idea de España como nación común. En el caso catalán, además, existen investigaciones y procedimientos judiciales que han examinado los vínculos internacionales del independentismo con Rusia durante el procés. Todo ello configura un escenario extraordinariamente complejo en materia de seguridad nacional.

Y es aquí donde recupero la cuestión que planteaba en mi anterior artículo sobre el artículo 582 del Código Penal. Algunos lectores me señalaban que cuando dicho artículo habla del «enemigo», se refiere necesariamente a un enemigo en tiempo de guerra. Conviene acudir al texto legal. El artículo 582 castiga, entre otras conductas, al español que facilite al enemigo la entrada en España o la toma de una plaza. El precepto se encuentra dentro del capítulo dedicado a los delitos de traición.

Naturalmente, será la Justicia la que determine si los hechos investigados en Ceuta encajan o no en alguno de esos tipos penales. No corresponde a un artículo de opinión anticipar una decisión judicial.

Pero sí corresponde preguntarse qué está ocurriendo cuando una nación acumula amenazas exteriores, tensiones internas y decisiones políticas que pueden deteriorar sus alianzas estratégicas. Porque una cosa es tener enemigos. Eso forma parte de la historia de cualquier nación. Otra muy distinta es multiplicarlos innecesariamente mientras se debilita la posición propia.

Y ese es, quizá, el verdadero problema de España. Una nación puede soportar adversarios poderosos si tiene aliados sólidos, instituciones fuertes, una política exterior coherente y un Gobierno dispuesto a defender sus intereses nacionales.

Lo verdaderamente peligroso es lo contrario: tener problemas en las fronteras, tensiones con aliados, amenazas procedentes del exterior, fracturas internas y, además, un Gobierno que parezca incapaz de distinguir entre los intereses permanentes de España y las necesidades políticas de cada momento.

España no necesita enemigos imaginarios. Los enemigos reales ya existen. Lo que necesita es un Gobierno que sepa reconocerlos, una diplomacia que los enfrente con inteligencia, unas Fuerzas Armadas capaces de disuadirlos y unas instituciones que tengan muy claro que su primera obligación no es conservar el poder, sino defender España.

Porque cuando una nación empieza a confundir la prudencia con la cobardía, la diplomacia con la sumisión y la convivencia con la renuncia a defenderse, el peligro ya no está solamente fuera de sus fronteras.

El peligro empieza cuando quienes deben defender la nación dejan de entender que tienen una nación que defender.