Detenida una mujer en Palma por inducir a una menor a ejercer la prostitución en casas de clientes

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, ecuatoriana de 30 años, por inducir a una menor de edad a ejercer la prostitución y amenazarla ante la negativa de la chica. Está acusada de un delito relativo a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, la investigación arrancó por una denuncia en la que se acusaba a una mujer de haber inducido a una joven para que ejerciera la prostitución. En la denuncia constaba que esta persona ya lo había hecho con otras chicas y que ella era la que captaba los clientes.

El Grupo IV de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación llevando a cabo varias gestiones y tomando declaración a testigos. Fruto de todo ello, los agentes averiguaron que la joven era menor de edad cuando se produjeron los hechos y que presuntamente la denunciada le conseguía clientes para que fuese a sus casas a realizar actos de carácter sexual por importe de 50 euros, de los cuales 20 euros se los quedaba la mujer.

Ante la negativa de la menor a realizar este tipo de actos, la ahora arrestada la amenazaba e increpaba constantemente. Ante las amenazas, la joven abandonó el domicilio de la investigada y se refugió en el de una amiga y luego en el de un familiar. Finalmente, la menor tuvo que abandonar el barrio ante las amenazas constantes que recibía.

Una vez concluida la investigación, los agentes procedieron a la detención de la mujer ecuatoriana como presunta autora de los hechos, interviniéndole su teléfono móvil.

Hay que recordar que el pasado mes de agosto agentes de la Policía Nacional en Palma procedieron a la detención de tres personas de 34, 41 y 45 años de edad, un hombre de origen español y dos mujeres de origen colombiano, como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos para la explotación sexual, delito de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, que serían los encargados de controlar a mujeres para el ejercicio de la prostitución en un piso situado en la ciudad de Palma.

Las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales interminables de servicios sexuales, para poder mantenerse ellas y sus familiares en su país de origen.

Tenían que pagar deudas a los detenidos de más de 3.000 euros, en concepto de gastos de viaje, alquiler, intereses. Estas cantidades las abonaban ejerciendo la prostitución, por lo que en un principio no recibían prácticamente cantidad alguna por el ejercicio de la prostitución, ya que la cantidad recibida la aportaban casi íntegramente para ir pagando dichas deudas.