Corrupción en Baleares: los documentos que implican a Yllanes (Podemos) y Negueruela (PSOE)

El informe realizado por la empresa Grupo Globatika Peritos Informáticos Especializados demuestra que el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol falsificó la fecha de un documento público con la finalidad de evitar fuertes sanciones a unas determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas (PSOE, Podemos y Més). Lo hizo para evitar las sanciones y para facilitar el archivo de una investigación judicial.

En la supuesta trama de corrupción denominada en adelante Caso Varadero, están implicados de forma directa el conseller socialista Iago Negueruela, mano derecha de Armengol; el vicepresidente del Ejecutivo balear, el juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos, y dos altos cargos: Manuel Porras, director general de Política Industrial cuando se inició el fraude, y Antonio Morro, su sucesor en el cargo. El caso también salpica a la Teresa Relea, que firmó un irregular informe jurídico para avalar el archivo del expediente sancionador.

A raíz de una querella presentada por el Grupo Fabkina contra el Govern por no tramitar los expedientes sancionadores a determinadas empresas del sector náutico, los peritos judiciales informáticos analizaron toda la documentación emitida por el departamento de Industria del Ejecutivo balear en relación al Caso Varadero. Tras el análisis minucioso de la documentación registrada de forma informática, los peritos emitieron un extenso informe de 85 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO. En la última página, que arriba se reproduce, se resumen esquemáticamente las conclusiones del informe que atestiguan la falsificación del documento público.

Como ha informado este medio, la trama de corrupción se centra en la denuncia presentada contra una serie de empresas que trabajan en el Puerto de Palma y que fueron denunciadas por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. El Govern se vio obligado a abrir un expediente sancionador que finalmente no se llegó a tramitar. Y fue para evitar la tramitación del expediente que procedió a la falsificación de un documento. La tramitación del expediente hubiera supuesto fuertes sanciones a las empresas denunciadas.

El resumen de los hechos es el siguiente: el 9 de septiembre de 2020 el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma reclama al Govern toda la documentación relativa al expediente abierto a las empresas del sector náutico. El 10 de septiembre, un días después,  el Govern comunica a la empresa querellante, Grupo Fabkina, una resolución por la que dejaba sin efecto el expediente a las empresas del Caso Varadero. La resolución lleva la fecha del 28 de julio de 2020. ¿Y qué sucede? Sucede que si ya no hay expediente tampoco hay causa judicial y el juez archiva el caso.

La realidad es que la resolución de archivo del expediente por parte del Govern a las empresas del Caso Varadero no se firma el 28 de julio sino que se trata de un documento creado y firmado el 10 de septiembre, un día después de que el juez tomara cartas en el asunto.

El informe de los peritos judiciales informáticos no deja lugar a dudas: el documento se creó el 10 de septiembre de 2020 a las 11,24 horas. Se modificó el mismo día a las 13,25 y fue firmado de forma digital un minuto antes, a las 13,34 horas. En conclusión: el documento que permitió el archivo del expediente sancionador a las empresas del Caso Varadero se creó y firmó un día después de que el juez iniciara la investigación. Con el archivo del expediente, el juez ya no tenía nada que investigar, o así lo entendió entonces puesto que posteriormente la Audiencia de Baleares le ordenó reabrir el caso.

La consecuencia de todo esto es que una serie de empresas del sector náutico afines al Govern siguen con su suculento negocio en el Puerto de Palma a pesar de incumplir la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Por contra, la empresa denunciante, el Grupo Fabkina, trabaja en varios puertos de España y Europa cumpliendo a rajatabla toda la normativa sobre seguridad y medio ambiente pero no trabaja en Palma a pesar de tener la sede social en esta ciudad. No trabaja en la capital balear por negarse a participar en la trama de corrupción.