El Ayuntamiento de Palma cesa al director general adjunto de la Defensora de la Ciudadanía

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado el cese del director general adjunto de la Defensora de la Ciudadanía, Vicente Rodrigo, en cumplimiento del punto número siete del acuerdo firmado entre el PP y Vox para la gobernabilidad del Consistorio. La portavoz del gobierno municipal y regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Belén Soto, ha explicado en rueda de prensa que Rodrigo continuará vinculado al servicio pero en su condición de funcionario.

«Esta decisión no tiene que ver con la valía personal sino con la necesidad de cumplir con el punto siete del acuerdo programático para el Ayuntamiento de Palma, que PP y Vox firmaron hace una semanas», ha argumentado. Sin embargo, ha reconocido el trabajo desarrollado por Rodrigo y ha agradecido su labor.

Soto ha indicado que este punto hace a alusión a «eliminar las duplicidades en organismos municipales y se adecuará el alcance de la figura de la Defensora de la Ciudadanía, dentro del contexto de la organización actual».

Por otro lado, la portavoz del Consistorio ha mostrado la «absoluta predisposición» para que la Defensora de la Ciudadanía continúe con «su funcionamiento normal» y que la titular, Anna Moilanen, «cumpla con su contrato firmado hasta 2026».

Soto ha recalcado que el gobierno municipal ha trasladado a Moilanen su apoyo a su trabajo y sus funciones, ya que consideran que «la oficina de la Defensora de la Ciudadanía es una herramienta útil para facilitar a los ciudadanos un interlocutor directo con el Ayuntamiento».

Preguntada por las duplicidades en las que incurriría esta oficina, la portavoz se ha referido a los «servicios de quejas», que ha anunciado que se redistribuirán, y a que «no haya dos organismos haciendo esta tarea al mismo tiempo».

También se le ha consultado por qué pasaría con la Defensora de la Ciudadanía cuando expire su cargo en 2026, a lo que ha indicado que «esta decisión ya se tomará cuando acabe». «El PP siempre ha defendido la figura de la Defensora de la Ciudadanía, hay un acuerdo que hay que cumplir pero la Defensora de la Ciudadanía está garantizada por la Ley de Capitalidad, así que no se puede eliminar la figura», ha agregado.

El mismo Rodrigo ha ofrecido unas declaraciones en las que ha manifestado su «sorpresa» porque, en una entrevista, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, había garantizado la continuidad de la Defensora de la Ciudadanía hasta 2026 «como mínimo».

«Por tanto, se entendía que no solo era la continuidad de la propia defensora, sino la institución y este martes llamaron a Moilanen para comunicarle el cese y no se le consultó qué pensaba», ha destacado.

En ese sentido, ha considerado que esto es «un ataque unilateral», «sin precedentes» y que «no ha habido un debate sobre su persona». «Esto es un ataque a la Defensora de la Ciudadanía puesto que se le limitan los recursos y esto afectará a cómo atiende la oficina a los ciudadanos», ha puntualizado.

Sobre las supuestas duplicidades argumentadas por Soto, Rodrigo ha insistido en que el Ayuntamiento «no dispone de ninguna otra entidad a nivel municipal y supramunicipal que haga esta atención de la ciudadanía».

«Esta es la última opción de los ciudadanos que se encuentran en una situación de indefensión, antes de ir a los tribunales y no todo el mundo tiene la capacidad de acudir a los tribunales porque en esta sociedad no hay derechos para las personas que no tienen capacidad económica para pagarse una defensa judicial», ha reivindicado.

Al mismo tiempo, también ha incidido en que tampoco hay duplicidad entre Moilanen y él, ya que es como «si los directores generales tuvieran duplicidad con los regidores». «Uno tiene sus subordinados para poder crecer y si a los regidores les quitaran mañana a sus directores generales, no sé cómo harían el trabajo», ha defendido.

Moilanen también ha comparecido y ha reconocido que el cese significará que la Defensora de Ciudadanía será «el único área municipal sin director general dentro de su organización». Una decisión que le «genera dudas» de la «voluntad de apostar por esta institución como garantía de los derechos de la ciudadanía», ha remarcado.

«Con el cese no se puede llegar a toda la ciudadanía para que sepan que tienen este recurso a su disposición y ahora se limita la capacidad de actuaciones de la oficina», ha puntualizado.