Más vivienda pública, apoyo a la natalidad y prioridad nacional en las ayudas: las claves del pacto PP-Vox en Aragón
El pacto de PP y Vox se basa en 12 puntos claves
La prioridad nacional se fundamenta en la figura del arraigo para optar a ayudas públicas
La hoja de ruta que vertebra el pacto de PP y Vox en Aragón se basa en 12 puntos claves, a través de los cuales ambas formaciones se comprometen a un refuerzo de servicios públicos, a una bajada fiscal significativa, al control del gasto y a cambios profundos en inmigración, vivienda y modelo territorial. Todo ello con plazos de cumplimiento.
El acuerdo en Aragón, aunque más ambicioso que en Extremadura, comparte buena parte de los objetivos, como la prioridad nacional, medidas concretas para detener la inmigración ilegal (como el rechazo a acoger más menas) y el rechazo al Pacto Verde europeo. Son las tres banderas de la formación que lidera a Santiago Abascal, y que ha suscrito el PP de Jorge Azcón, quien ha valorado el pacto de «coherente», según el resultado obtenido en las urnas.
Las formaciones han adelantado este miércoles las consejerías que ostentará Vox en el Ejecutivo: Vox gestionará la Consejería de Servicios Sociales y Familia. Los de Abascal también se hacen con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y la de Medio Ambiente y Turismo. Además ocuparán la vicepresidencia primera que controlará la Regulación del Gobierno de Aragón.
Desde Vox han divulgado diez puntos del acuerdo, como las líneas prioritarias que se comprometen a cumplir ambas formaciones durante la legislatura, en campo y energía, inmigración, educación y sanidad, vivienda, fiscalidad y recorte del gasto público.
Las claves en campo y energía
En el campo, el acuerdo de PP y Vox plantea una defensa frente a las políticas de Bruselas, con un fondo de compensación para agricultores y ganaderos afectados por el Pacto Verde y Mercosur. También se incluyen medidas de gestión del Ebro frente a inundaciones, protección de la ganadería ante grandes depredadores y la reintroducción del lince ibérico.
En energía y territorio, el plan critica la expansión de macroparques eólicos y fotovoltaicos sobre suelo productivo, defendiendo su protección frente a lo que considera «una proliferación descontrolada», en palabras de Vox.
Unas competencias que recaerán previsiblemente en las consejerías de Medio Ambiente y Turismo y en la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que gestionarán los de Abascal.
Las claves en inmigración: prioridad nacional
En inmigración y control administrativo, el plan propone frenar el fraude en el empadronamiento mediante la creación de un servicio de verificación de residencia efectiva, con el objeto de detectar cualquier fraude y desactivar las redes y mafias, con el objetivo de priorizar a los españoles en el acceso a las ayudas, ante la inmigración masiva.
«Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones», señalan. En este sentido, fuentes del PP aragonés añaden al respecto que la prioridad nacional se basa «en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura».
Además, ambos partidos se comprometen a auditorías del gasto en inmigración, repatriaciones de inmigrantes ilegales, pruebas de edad para menas y el rechazo a nuevos repartos. En el acuerdo, también se plantea prohibir el burka y el nicab en espacios públicos.
En gasto público, se anuncia el fin de subvenciones a ONG vinculadas a la inmigración, la supresión de cooperación exterior y la reducción de fondos a sindicatos y patronal.
Como en Extremadura, el Gobierno aragonés mantendrá una oposición a la política de fronteras abiertas. «Ni un mena más», señalan. Eso incluye:
- Rechazo a nuevos repartos de menas, así como auditorías de los gastos derivados de la inmigración masiva.
- Endurecimiento del régimen disciplinario de los menas.
- Pruebas de edad.
- Acuerdos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen.
- Prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos.
Las claves en educación y sanidad
En sanidad y educación, PP y Vox prometen un aumento sostenido del presupuesto sanitario durante toda la legislatura, un plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas y la ampliación de la atención bucodental. En educación, destaca la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y de la primera matrícula universitaria.
Las claves en vivienda
En vivienda, se propone construir 8.000 viviendas, facilitar el acceso a jóvenes con avales y bonificaciones, y endurecer la respuesta frente a la okupación.
«Los aragoneses volverán a ser propietarios», sostienen desde Bambú. Lo que implica:
- Aumento de oferta de vivienda libre simplificando el urbanismo, terminando con trabas burocráticas y agilizando el proceso constructivo.
- Construcción de 4.000 viviendas públicas y 4.000 viviendas de protección oficial.
- Ayuda a jóvenes y familias en la compra de vivienda con avales a la entrada, bonificaciones de impuestos y pago diferido de los mismos hasta 10 años sin intereses.
- Persecución de la okupación ilegal, con desalojo inmediato y asesoramiento continuo para las víctimas.
Las claves en fiscalidad, despoblación y gasto
En fiscalidad, destaca la bajada de un punto del IRPF para rentas inferiores a 52.500 euros, junto a deducciones por natalidad, conciliación, vivienda y rebajas de impuestos y tasas, atendiendo también a familias numerosas. Así como la bajada generalizada de tasas y precios públicos.
Así como PP y Vox se comprometen a promover una estrategia centrada en la despoblación, con fiscalidad diferenciada para los municipios rurales en riesgo: deducciones y bonificaciones fiscales, tipos reducidos de ITP/AJD. Dotación de 135 millones de euros anuales para renovación y mejora de carreteras. Refuerzo del fondo de cohesión territorial. Y Plan de conectividad de las aldeas rurales despobladas.
Con el lema «No más despilfarro», los de Vox han anunciado tanto el fin de las partidas presupuestarias a ONGs que promuevan la inmigración como la supresión de las partidas de cooperación al desarrollo exterior. Además de la reducción a la mitad de las partidas a sindicatos y organizaciones empresariales.
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