Andalucía

Los de Teresa Rodríguez acusan a hospitales de «racismo institucional» por avisar de inmigrantes irregulares

Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez (Anticapitalistas), han acusado a los hospitales de Ceuta y Melilla de «racismo institucional» por avisar a la Policía Nacional para que identifique a inmigrantes ilegales que no tienen ni documentación ni tarjeta sanitaria.

Los hospitales de sendas ciudades autónomas están avisando a la Policía de aquellas personas que están siendo atendidas sin tener documentación ni tarjeta sanitaria, tal y como ha podido corroborar este periódico por fuentes del Ministerio de Sanidad.

Cabe destacar, en este sentido, que los centros hospitalarios deben avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando se producen situaciones de este tipo. A fin de cuentas, cuando alguien no tiene la documentación pertinente, debe abonar la factura correspondiente al servicio sanitario.

Sin embargo, para los de Teresa Rodríguez, cumplir con la Ley es «racismo institucional». Y no sólo eso, sino que además aprovechan para ‘atizar’ al Ejecutivo autonómico andaluz que dirige Juanma Moreno, asegurando que «justo esto quería hacer el Gobierno de las derechas en Andalucía».

Precisamente este lunes se ha conocido que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar a un ciudadano de nacionalidad búlgara para el que la Fiscalía pide once años de prisión, acusado de pertenencia a organización criminal dedicada supuestamente a contactar con personas con escasos recursos y situaciones familiares difíciles de Europa del Este, especialmente Albania, para procurarles documentación falsa para emigrar.

Se le acusa en concreto de la presunta comisión de delitos e inmigración ilegal y de falsedad en documento oficial continuado, supuesto ilícito este último por el que también se pide que sea condenado al pago de una multa de 10.800 euros.

Esta red, de la que otros miembros ya han sido procesados y otros estarían fugados, habría cobrado a sus víctimas «cantidades de dinero que oscilaban» entre los 10.000 y los 15.000 euros «por persona» para proporcionarles «pasaportes falsos de países como Australia, Italia» o Grecia, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press.