El sobrino de Felipe González devolvió 29.000 € de préstamo a las 48 horas de estallar el caso Invercaria

Juan María González Mejías, sobrino del que fuera presidente socialista del Gobierno, Felipe González, ha declarado este lunes ante la Audiencia de Sevilla por las subvenciones millonarias de la Junta socialista de Andalucía a la empresa pública Invercaria.

González Mejías ha sostenido que «no conocía» la apertura de una investigación sobre estas irregularidades cuando devolvió un préstamo de 29.000 euros a Invercaria el 9 de marzo de 2021. Curiosamente, sólo dos días antes, se incoaban diligencias previas para dilucidar el origen de 60 millones de euros que la citada sociedad de capital riesgo de la Junta había destinado a diferentes empresas.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal.

En ella figuran como acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y el ya citado Juan María González Mejías. Durante esta sesión han finalizado las comparecencias de los acusados, al prestar declaración en tal condición estos dos últimos.

Caso Invercaria

La causa, recordémoslo, gira en torno a supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos», en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria.

Al respecto, Juan María González Mejías ha defendido que si se incorporó en 2005 a Invercaria con un sueldo de 60.100 euros anuales frente a los más de 52.000 euros al año que percibía en la agencia IDEA como miembro de la plantilla de la citada agencia autonómica, fue porque en la entonces nueva sociedad de capital de riesgo asumió el cargo de director de Promoción cuando en IDEA su puesto era de subdirector, según ha precisado. En paralelo, ha asegurado que los incrementos salariales acometidos en Invercaria no eran previamente «comunicados» a los beneficiarios, sino que simplemente figuraban en las nóminas.

También ha explicado que el hecho de que él fuese incorporado directamente al Observatorio de Innovación sin ocupar siquiera un sitio físico en Invercaria fue una «decisión» de Pérez-Sauquillo y del director del Observatorio y a la vez secretario general de Innovación de la Junta de Andalucía, asegurando que «absolutamente nadie» planteó ninguna «duda de legalidad» respecto a que prestase sus servicios en el Observatorio pero cobrase de Invercaria.

«Cese pactado»

Además, ha defendido su posterior «cese pactado» a cuenta de «desavenencias profesionales», exponiendo que tras hablar de su salida con el director del Observatorio, el mismo le había indicado que se personase en Invercaria porque había «una propuesta» para ello sobre la mesa.

Habría sido Nieto Garrido, según sus palabras, quien le habría presentado la «oferta» para dicho «cese pactado» con la «liquidación» y una cuantía que le pareció «correcta», si bien ha manifestado desconocer quién redactó como tal el documento del finiquito.

En cualquier caso, González Mejías ha defendido que en su liquidación, la cuantía por las horas extraordinarias estaba calculada «a la baja», pues «había realizado muchas horas extra», sumando jornadas semanales de 70 horas; y que dicho montante implicaba menos de «la mitad» de lo que le habría correspondido por un despido resuelto con una indemnización a razón de 45 días por año de servicio.

Es más, ha asegurado que su «cese pactado» fue visto como «una oportunidad de ahorro» por Pérez-Sauquillo y que Invercaria incentivaba las bajas voluntarias también por motivos de «ahorro», algo que habría comprobado cuando tiempo después se reincorporó a la entidad pero como presidente.

«Era una manera razonable de acabar la relación laboral», ha enfatizado, insistiendo en que incluso no era la fórmula que más le «beneficiaba».

El préstamo

En paralelo, ha defendido la «subrogación» en Invercaria del préstamo que le había concedido la agencia IDEA antes de que como miembro de la misma se incorporase a la sociedad de capital de riesgo y la «ampliación» de dicho préstamo solicitada después a Invercaria.

Mientras según la instrucción del caso a la finalización de la relación laboral, González Mejías «tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado» y Pérez-Sauquillo y Nieto habrían decidido «condonarle esa cantidad», el acusado ha asegurado que «en ningún momento» dijo que no fuese a amortizar el préstamo ni «nadie» le expuso que se lo fuesen a «perdonar», señalando que dicha deuda estaba «contabilizada» por la empresa e incluida en las auditorías.

Al respecto, ha admitido un «retraso» en el abono de las cuotas y ha defendido su idea de devolver «de una sola vez» toda la cuantía pendiente, exponiendo las dificultades afrontadas hasta concertar en 2012 otro préstamo con el que amortizar la deuda pendiente con Invercaria, dado el contexto de la crisis financiera internacional, que había reducido «a menos de la mitad» la oferta de financiación.

Cuando en 2012 amortizó dicha cuantía, según ha asegurado, no conocía que habían sido incoadas diligencias previas por los hechos investigados en Invercaria. La amortización del préstamo, según ha insistido, fue consumada en el momento en el que consiguió financiación para ello.

El salario de Cristóbal Cantos

Cristóbal Cantos, de su lado, ha explicado que cuando Pérez-Sauquillo le contrató, le expuso que por una «situación coyuntural» no podía abonarle el sueldo correspondiente al cargo de director de Promoción, la función que ejerció, pero que Invercaria «cumpliría» con él. Según ha asegurado, no volvió a hablar con Pérez-Sauquillo de sus condiciones salariales, conectando sus subidas de retribución con la creciente actividad de Invercaria y de su labor en concreto, al gestionar él 150 proyectos en 2006, unos 200 en 2007 y más de 150 en los meses de 2008 en los que trabajó para la entidad.

«Yo era un receptor pasivo», ha asegurado, exponiendo que él no solicitó sus alzas salariales y que si solicitó a la entidad el préstamo de 30.000 euros investigado en esta causa, fue porque supo que otros miembros de la plantilla contaban con préstamos concedidos, tras lo cual ha asegurado que las condiciones, con un plazo de devolución de cinco años y sin intereses, no las negoció, sino que estaban predeterminadas.

Mientras la investigación judicial considera que con motivo de su salida de la entidad, Pérez Sauquillo y Nieto Garrido decidieron «condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo» para que obtuviera «un lucro indebido en detrimento de Invercaria»; Cristóbal Cantos ha defendido que a la hora de pergeñar su liquidación, desde Invercaria le aconsejaron amortizar por completo el préstamo antes de salir de la entidad, cosa que hizo mediante una transferencia, según ha alegado.