Macarena Soriano, abogada: «La mayoría de los divorcios se complican por los errores que se cometen al principio»

El verano suele asociarse al descanso, las vacaciones y el tiempo en familia; sin embargo, para algunas parejas, compartir más horas de convivencia también puede hacer aflorar conflictos que durante el resto del año permanecían contenidos o habían sido aplazados. Cuando la ruptura se vuelve inevitable, las decisiones adoptadas durante las primeras semanas pueden resultar determinantes. Actuar desde la rabia, enviar mensajes impulsivos, involucrar a los hijos en el enfrentamiento o iniciar una batalla judicial sin una estrategia adecuada puede convertir una separación difícil en un conflicto de años.

En este contexto, entrevistamos a Macarena Soriano, abogada especializada en Derecho de Familia y divorcios conflictivos. Tras analizar algunas de las sentencias favorables obtenidas en los procedimientos que ha llevado, abordamos con ella los errores que pueden agravar una ruptura, cómo proteger a los hijos durante el proceso y la importancia de la prueba cuando existen acusaciones graves entre los progenitores. Defensora de la conciliación siempre que es posible, Soriano cuenta también con una sólida trayectoria en procedimientos altamente conflictivos, donde su especialización y experiencia procesal se reflejan en los resultados obtenidos.

Una de las ideas centrales de la conversación es que la custodia no debe entenderse como un premio al mejor progenitor ni como un castigo para quien se haya comportado peor durante la ruptura. La decisión judicial debe responder a una cuestión diferente: qué régimen protege mejor el bienestar, la estabilidad y el desarrollo del menor.

El artículo 92 del Código Civil exige que las decisiones sobre la guarda y custodia estén motivadas en el interés superior del menor. Este principio se desarrolla también en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que establece que el interés del niño debe ser valorado como primordial frente a cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir.

Durante la entrevista, Soriano identifica cuatro circunstancias que pueden ser especialmente relevantes al decidir o revisar un régimen de custodia.

La primera es la existencia de una adicción que interfiera realmente en el cuidado del menor. No basta con una acusación genérica ni con afirmar que uno de los progenitores consume alcohol o alguna sustancia. Debe acreditarse que existe una conducta suficientemente habitual o grave como para afectar a su capacidad de atender, proteger o supervisar a sus hijos. La cuestión jurídica decisiva no es únicamente la existencia de un consumo o de un diagnóstico, sino el riesgo concreto que esa situación genera para el menor.

La segunda circunstancia es la desatención grave o reiterada. La falta continuada de higiene, una alimentación inadecuada, el absentismo escolar, la ausencia de atención médica o la exposición del niño a situaciones peligrosas pueden justificar una revisión de las medidas existentes. Los tribunales valoran cómo se ha desarrollado realmente el cuidado de los hijos, la implicación previa de cada progenitor y la capacidad de ambos para proporcionarles un entorno seguro y estable.

La tercera situación aparece cuando se involucra a los hijos en el enfrentamiento entre los adultos. Hablar sistemáticamente mal del otro progenitor, utilizarlos como mensajeros, presionarlos para que elijan o dificultar injustificadamente la relación con su padre o con su madre puede causarles un perjuicio emocional considerable.

Cuando estas conductas son graves, persistentes y pueden acreditarse, también pueden dar lugar a una modificación del régimen de custodia o de las medidas previamente establecidas.

La cuarta circunstancia se produce cuando un problema de salud mental afecta seriamente a las capacidades parentales. Tener ansiedad, depresión, trastorno bipolar u otro diagnóstico no provoca por sí mismo la pérdida de la custodia. Sostener lo contrario sería jurídicamente incorrecto y contribuiría a estigmatizar a las personas que reciben tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Lo relevante es analizar la situación concreta: si el problema está tratado, cuál es su evolución y, sobre todo, si impide atender adecuadamente las necesidades físicas y emocionales del hijo.

No existen, por tanto, soluciones automáticas. La custodia compartida es considerada por la jurisprudencia un régimen normal e incluso deseable cuando beneficia al menor, pero no constituye un derecho incondicional de los adultos. Puede descartarse cuando las circunstancias familiares, la inestabilidad o determinados comportamientos perjudican de manera acreditada al niño.

La entrevista va, sin embargo, mucho más allá de la custodia. Macarena Soriano explica por qué la prueba documental puede resultar decisiva cuando existen acusaciones graves entre los progenitores. Mensajes, fotografías, grabaciones, testigos e informes profesionales pueden cambiar el resultado de un procedimiento, siempre que se hayan obtenido y conservado legalmente y puedan incorporarse al proceso con las garantías necesarias.

La abogada advierte también sobre la impulsividad durante las primeras fases de la ruptura. Un mensaje escrito desde la rabia, una amenaza o una expresión desafortunada pueden terminar siendo aportados ante el juzgado y condicionar la valoración del conflicto. Por eso, una de sus principales recomendaciones es mantener la cabeza fría, evitar provocaciones y buscar desde el principio un asesoramiento jurídico que no alimente innecesariamente la confrontación.

A lo largo de la entrevista aborda igualmente cuestiones especialmente sensibles, como las denuncias instrumentales, la protección de las víctimas reales de violencia, el valor de las pruebas digitales, la publicación de acusaciones en redes sociales y la compensación económica que puede corresponder a quien renunció a su carrera profesional para dedicarse a la familia.

Soriano insiste, además, en la importancia de diferenciar entre una acusación falsa y una denuncia que no haya podido ser probada. La existencia de un archivo o de una absolución no convierte automáticamente una denuncia en falsa: para que existan consecuencias por una acusación deliberadamente inventada debe acreditarse que la persona denunciante conocía la falsedad de los hechos.

La conversación deja una idea especialmente relevante: una actuación prudente, una buena documentación de los hechos y un asesoramiento jurídico responsable pueden evitar que una separación termine convirtiéndose en años de litigios.

Una entrevista especialmente recomendable para quienes estén afrontando una separación, un divorcio o una disputa por la custodia de sus hijos, pero también para cualquier persona que quiera comprender cómo se abordan desde el Derecho de Familia algunos de los procedimientos más complejos que llegan actualmente a los tribunales.