Una juez considera que en un centro de extranjeros de Madrid pudieron cometerse «torturas»

Así lo defiende la magistrada tras visionar las cámaras de seguridad en un auto fechado el pasado 27 de mayo al que ha tenido acceso Efe.

Fuentes policiales aseguran a Efe que los agentes cachearon a 161 personas en tan solo 22 minutos para descartar que tuviesen elementos con los que pudiesen perpetrar una fuga o un motín, y lo hicieron en el patio porque es donde cabían todos, la mayoría bajo una zona techada.

Estas fuentes precisan que los agentes del CIE pidieron refuerzos porque un gran grupo de internos se concentró el 18 de abril por la noche ante la puerta del comedor que da a la cocina, un punto por el que en otras ocasiones se han fugado internos y han comenzado motines, ya que la cocina da a la calle.

Por eso acudieron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que cachearon a todos los implicados en ese acto en el patio, ya que es donde hay sitio, utilizando preferentemente una zona techada, aunque parte de los internos no cabían y fueron inspeccionados bajo la lluvia, donde también se mojaban los agentes, han destacado las fuentes.

En el auto conocido hoy la jueza considera que las imágenes tomadas en aquel momento permiten comprobar «trato degradante» hacia los inmigrantes internos.

Relata que fueron obligados a estar media hora bajo la lluvia en un día con bajas temperaturas por un cacheo en el patio con un «elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas» que generaban «un evidente clima intimidatorio sin que se hayan apreciado causas para justificar dicha medida».

Y señala por ello «indicios de comisión de delitos por agentes de Policía que, olvidando el deber legal que les incumbe el respeto a la vida integridad física y salud de los internos (…) han podido someterles a este tipo de trato degradante poniendo en peligro su salud y violando su honor y dignidad».

Estos agentes «han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones», señala un auto que recuerda además que los CIE son «establecimientos públicos de carácter no penitenciario» y las únicas limitaciones a los residentes son las referidas a su situación de internamiento, que impide su «libertad ambulatoria».

Este juzgado remite su auto al Juzgado Decano de Madrid para que a su vez traslade el caso al juzgado de instrucción que corresponda con el fin de investigar los hechos.

En un comunicado, varias organizaciones, incluida la Plataforma CIEs NO Madrid, SOS Racismo o la parroquia San Carlos Borromeo, han subrayado que estos hechos demuestran que la gestión del CIE prioriza «las medidas de seguridad sobre el respeto a los derechos de los internos» lo que produce » violaciones del respeto a la dignidad y demás derechos fundamentales».

Por ello, han denunciado «el fracaso absoluto de estos lugares de desprotección y sufrimiento» y exigido que se cierren y sean sustituidos por «alternativas a la privación de libertad».

Además, han pedido que se investigue «hasta el final» el cacheo del 18 de abril, identificar «a las personas responsables de los malos tratos» y la «dimisión o cese del director del CIE de Aluche como último responsable».