La burocracia de la Renta Mínima como freno a la inserción laboral

En los últimos años, de acuerdo con las características esenciales del Estado del Bienestar en el que vivimos, los Gobiernos autonómicos han proyectado programas de rentas y subsidios públicos para la protección de personas que, por diversas circunstancias, estén en situaciones de dificultad o exclusión social. Uno de los motivos por los cuales una persona o núcleo familiar podría quedar al margen de la sociedad es la pérdida de empleo. En este momento, y según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de desempleo en España es del 13,9% con más de 3,2 millones de personas sin trabajo.

Por ello, además del subsidio por desempleo, dependiente directamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los Ejecutivos regionales poseen mecanismos solidarios de protección a los sectores más vulnerables como es la conocida Renta Mínima de Inserción (RMI). Según datos del Informe de Rentas Mínimas de Reinserción 2018 del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, la cuantía media por perceptor de una renta mínima de inserción en España es el 13,7% de la renta media por hogar, que en 2018 era de 32.929 euros anuales por hogar.

Esta prestación, dependiente del Sistema de Garantía de Mínimos del estado, asegura un mínimo de ingresos económicos para cubrir las necesidades más básicas de una persona, así como proporcionar ayuda para su inserción laboral y social. Sin embargo “estas ayudas pueden suponer más un freno que un apoyo a la inserción laboral” explica Asunción Montes, responsable del departamento de Selección y Desarrollo de la dirección regional de Levante y Murcia de Clece, filial del Grupo ACS

La renta mínima en la región andaluza es de 420 euros mensuales durante 12 meses, en Madrid asciende a 375 euros y sin límite, en Melilla la cuantía oscila entre los 420 euros y los 700 euros durante un año prorrogables a dos años o el País Vasco, que posee una de las prestaciones más altas de España, que brinda una cuantía mensual de 665 euros durante un total de dos años.

Los requisitos para acceder a este subsidio público dependen de la normativa autonómica, sin embargo, entre los denominadores comunes están el carecer de recursos económicos por no tener ingresos procedentes de un empleo, así como aceptar las medidas de inserción laboral, formación y orientación que establece la región, entre otros.

Además del derecho a percibir esta renta, los titulares de la misma tienen una serie de obligaciones que deben cumplir para seguir percibiendo la cuantía. Entre ellas, deben mantener la búsqueda activa de empleo y, además, no pueden rechazar una oferta de empleo adecuada a sus capacidades porque, si esto ocurre, según detalla la normativa, deberán reintegrar las cantidades percibidas indebidamente.

Sin embargo, la realidad de estas obligaciones queda en papel mojado cuando se trata de hablar de la realidad de la reinserción laboral de las personas titulares de estas prestaciones públicas. Tal y como explica Asunción Montes, están encontrando gran reticencia de los titulares de la Renta Mínima de Inserción a aceptar trabajos adecuados a sus perfiles que se les ofrece desde la compañía.

“El problema es que la que gente no coge los trabajos que les ofrecemos, a pesar de tener la obligación de hacerlo, porque les da miedo parar la prestación y volver a reactivarla cuando termina el contrato que les hacemos para cubrir una baja, por ejemplo. Aducen que la burocracia es compleja y que mientras se soluciona no cuentan con el ingreso de la Renta Mínima de Inserción, de modo que si no son contratos largos rechazan la oferta”, explica Montes.

No obstante, frente a estos, Montes señala que “hay personas que están encantadas de trabajar, aunque sea una cobertura de 10 días y quieren hacerlo muy bien para que en un futuro podamos contar con ellos y tener un empleo durante más tiempo”.

Cabe destacar, además, que en este momento Clece posee más de 75.300 trabajadores en plantilla, de los cuales casi 8.800 personas proceden de grupos desfavorecidos como mujeres que han sufrido violencia de géneros, personas con discapacidad o jóvenes en prácticas en riesgo de exclusión. De hecho, según se detalla en la V Memoria Social Clece, tiene el compromiso inquebrantable con la inclusión para que todas las personas puedan acceder en igualdad de oportunidades al empleo sin verse discriminada por condiciones de discapacidad o por circunstancias sociales.

Montes explica, además, que el hecho de que las cuantías en las prestaciones hayan subido ha provocado que “se hayan acostumbrado a vivir de las prestaciones porque con esta Renta Mínima de Inserción y con un poco economía sumergida están sobreviviendo”. Por ello, y con la experiencia del día a día de esta responsable de selección de personal, a la negativa a trabajar se une la tediosa burocracia de la Administración para la reactivación de la ayuda.

Estos colectivos suelen recurrir a asociaciones y fundaciones del tercer sector en busca de ayuda para formarse y encontrar empleo. Pese que estas asociaciones suelen sacar de sus bolsas de empleo a aquellas personas que rechazan un trabajo, la tediosa burocracia de la Administración y los plazos para reactivar la ayuda, hacen demasiado habituales las negativas a trabajar.

Para Montes la solución para paliar esta grave situación, así como para impulsar la empleabilidad entre los titulares de esta Renta Mínima de Inserción, pasa por “simplificar los trámites de reactivación de la prestación”, así como “hacer un seguimiento por parte de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas de las personas que la perciben y comprobar que no rechazan un empleo, tal y como detalla la normativa”.