El sectarismo de Mónica García, un grave riesgo para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

La figura de Mónica García, líder de Más Madrid y actual ministra de Sanidad, se ha convertido en punto focal de debate debido a su postura rígida y sectaria contra la colaboración público-privada en el sistema sanitario. Un rechazo que no sólo se basa en una convicción ideológica, sino que parece estar guiado por un populismo que no atiende a las realidades y necesidades del sistema de salud español, tal y como evidenció su presencia y su actitud en la manifestación del pasado sábado, poniéndose al frente y encabezando una marcha cuyo único objetivo era el ataque frontal a la sanidad madrileña. Una manifestación convertida en mitin político de la líder de Más Madrid para ejercer oposición contra el gobierno de la Comunidad de Madrid aprovechando su actual cargo como ministra de Sanidad.

Un sectarismo inflexible, proponiendo leyes que buscan limitar e incluso eliminar esta colaboración, con una retórica que ha llegado a extremos, acusando a la sanidad privada de «usos indecentes» y de lucro a expensas de los recursos públicos. Un enfoque sin datos objetivos que lo justifiquen, que ignora los beneficios probados que la colaboración público-privada ha aportado a lo largo de los años, especialmente en términos de reducción de listas de espera y mejora en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. Un ejercicio de irresponsabilidad por parte de la ministra, al criminalizar la actividad del sector privado, que además de injusto, perjudica al sistema y a los pacientes que dependen de estos servicios.

Uno de los puntos críticos en este debate es la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, promovida por Mónica García. Una legislación que busca revertir la gestión de servicios sanitarios públicos por entes privados, argumentando que esta práctica favorece el lucro sobre la atención al paciente. Una postura criticada y cuestionada por diferentes agentes del sistema sanitario, quienes señalan que la colaboración con el sector privado, ha sido esencial para mantener la eficiencia y accesibilidad del actual Sistema Nacional de Salud, garantizando su universalidad y accesibilidad, especialmente en momentos de alta demanda y saturación del sistema como se demostró durante la pandemia de la covid-19. Así como que su eliminación podría llevar a un «fallo sistémico» en la sanidad pública, colapsando las listas de espera y deteriorando la calidad del servicio, ya que la sanidad pública depende significativamente del apoyo privado para gestionar la demanda.

El debate sobre la colaboración público-privada no es nuevo y ha sido tema de discusión en muchos países. La evidencia muestra que una integración bien gestionada puede resultar en un sistema más robusto y flexible, capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades demográficas y epidemiológicas. En muchos casos, la colaboración ha permitido que los sistemas públicos se beneficien de la eficiencia y la innovación del sector privado, mientras que los privados se comprometen a cumplir con altos estándares de calidad y accesibilidad.

Es esencial que el debate sobre la colaboración entre sanidad pública y privada se base en datos y resultados tangibles y no en ideologías rígidas y en guerras individuales que sólo buscan rédito político. La salud de los ciudadanos debería ser la prioridad máxima y esto requiere de un enfoque pragmático que incorpore lo mejor de ambos mundos: público y privado.

La postura inflexible de García amenaza, sin embargo, con deshacer y destruir estos avances, perjudicando tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. En lugar de buscar un enfoque de colaboración y mejora continua, su postura parece centrarse en una visión binaria y excluyente, que no refleja las complejidades y necesidades del actual sistema sanitario.

El sectarismo ideológico de Mónica García representa un riesgo para la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario español y es crucial que este enfoque sea reevaluado en favor de políticas más equilibradas y beneficiosas que tengan a la salud del ciudadano en el centro.