El PP exige a Sánchez que «cumpla su promesa» y financie el 50% del tratamiento de personas con Alzheimer
Estas demandas tienen el objetivo de garantizar recursos suficientes para mejorar la autonomía personal en fases tempranas
En el Día Internacional del Alzheimer, que se conmemora este sábado, la necesidad de impulsar nueva tecnología, avances científicos y una innovación más efectiva en la farmacología es más urgente que nunca en España. El país se enfrenta a un creciente desafío de salud pública, con más de 800.000 personas afectadas por esta devastadora enfermedad neurodegenerativa. Por este motivo, el PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «incumplir sus promesas» una vez más, y dejar sin innovación sanitaria a estos enfermos.
El Partido Popular ha pedido al Ejecutivo que impulse el acceso a innovaciones terapéuticas, farmacológicas y tecnológicas para atender a los pacientes de Alzheimer con agilidad y seguridad.
A través de un manifiesto publicado con motivo del Día Mundial de esta patología, el PP ha instado a su vez al Gobierno a llevar a cabo un abordaje sociosanitario integral relativo a un sistema de dependencia de calidad, con un máximo de 30 días para recibir las prestaciones y con una financiación del 50% por parte del Estado.
En ese sentido, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al argumentar que «esta reivindicación permanente sigue siendo una promesa incumplida» de su investidura.
En un plano más amplio, el PP ha señalado que estas demandas tienen el objetivo de garantizar recursos suficientes en aras de la promoción y mejora de la autonomía personal en fases tempranas de esta enfermedad, así como para seguir trabajando en los posibles tratamientos.
Asimismo, ha citado que estas cuestiones ya vienen apuntaladas en el artículo 44 de la Constitución: «los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general».
Sin embargo, los avances médicos y tecnológicos necesarios para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias se están quedando rezagados en España.
Es crucial apostar por más recursos para la investigación, integrar nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento, y «garantizar que los pacientes españoles tengan acceso a los últimos avances en farmacología». Sólo a través de una «estrategia robusta y coordinada» se podrá ofrecer una verdadera esperanza a quienes padecen esta enfermedad.
Alzheimer
El Alzheimer en España es una de las principales causas de dependencia y mortalidad, siendo la forma más común de demencia. La prevalencia ofrece cifras cada vez más elevadas, con 800.000 personas diagnosticadas: entre un 60% y el 80% de todos los casos de demencia.
Así, esta patología no sólo afecta al paciente, sino que también tiene un impacto profundo en sus familias y cuidadores. Genera un coste elevado tanto a nivel individual como para el sistema sanitario. Se estima que el coste total de la enfermedad a nivel familiar, el gasto medio por paciente, puede superar los 30.000 euros al año, incluyendo medicamentos, cuidados y adaptaciones del hogar. Es un 29% más que el salario medio en España, que se sitúa en unos 22.000 euros al año, mientras que la pensión media percibida es de unos 12.600 euros.
Actualmente, no existen curas definitivas para el Alzheimer, y los tratamientos disponibles -muchos no llegan a España desde hace seis años-sólo ayudan a retrasar el progreso de los síntomas. Sin embargo, los avances en la investigación genética, la biotecnología y la inteligencia artificial están ofreciendo nuevas vías de diagnóstico precoz y posibles terapias.
Acceso a innovación y tratamientos
Uno de los principales desafíos en España es garantizar el acceso a tratamientos innovadores. A pesar de que se han desarrollado nuevos fármacos en otros países, como los inhibidores de la proteína amiloide, los pacientes españoles se enfrentan a múltiples retrasos en la disponibilidad de estos tratamientos debido a los largos procesos de aprobación y la falta de financiación pública que tampoco parece interesar al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Esta situación ha generado críticas por parte de organizaciones de pacientes y expertos en salud.
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